09 de abril de 2016
09.04.2016

Las agresiones a funcionarios de las oficinas de empleo crecieron un 56% en España

El CSIF atribuye el aumento a las «falsas expectativas» que generó la ayuda de 426 euros a parados de larga duración

09.04.2016 | 01:19

Las agresiones en las oficinas de empleo del SEPE aumentaron el 56% en 2015, según la estadística anual del sindicatos CSI-F, que achaca el incremento de violencia a los problemas estructurales de paro pero también a las «falsas expectativas» que generó la ayuda de 426 euros para parados de larga duración.

La secretaria nacional de Igualdad del CSI-F, Ángeles Mur, detalló que las oficinas de empleo registraron 326 casos y aseguró que entre las principales causas del aumento de la violencia el pasado año fue la nueva prestación para parados que exigía requisitos «tan restrictivos» que provocaron la frustración de muchos demandantes que recurrieron a la agresión. Mur dijo que estos casos son la «punta del iceberg», ya que las oficinas de empleo son el único departamento que cuenta con un protocolo que contabiliza de manera sistemática los datos.

A esta cifra hay que añadir 140 denuncias registrados en 2015 en instituciones penitenciarias y un número no cuantificado de casos entre los médicos evaluadores de bajas laborales, encuestadoras presenciales de Instituto Nacional de Estadística o examinadores de tráfico.

En concreto, la responsable del CSI-F hizo hincapié en el caso de las encuestadoras del INEM, que han llegado a sufrir ataques sexuales; médicos evaluadores que han sido agredidos al negarse a dar una incapacidad temporal y los examinadores de la Dirección General de Tráfico, objeto de violencia cuando suspenden.

Mur explicó que fruto de esta situación la Administración General del Estado ha iniciado un protocolo, que se firmó en diciembre de 2015, y que ofrecerá el próximo año datos sistemáticos de las agresiones en todos los ámbitos.

Escasez de plantilla

Se trata, de «visibilizar» estas situaciones y de animar a los empleados públicos a que denuncien. La responsable del CSI-F aludió a una «campaña de desprestigio» que sufren los empleados públicos pero también de la escasez de plantilla, el hecho de que esté envejecida, y la falta de seguridad, ya que tres de cada 10 oficinas carece de personal de vigilancia. Mur también se refirió a las agresiones verbales, «que están casi normalizadas», y el «ciberacoso», cuando el agresor graba imágenes del empleado que luego difunde en la red. En esta línea, Mur defendió que el empleado público sea reconocido como agente de la autoridad púbica, tal y como sucede e los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que su testimonio sea válido como prueba ante una agresión.

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