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La incertidumbre sobre la ayuda mensual de 426 euros tiene en vilo a 1.300 alicantinos

Los sindicatos temen que el plan de la prestación especial, que expira el día 15, no se amplíe

Imagen de archivo de personas esperando en una oficina de empleo. antonio Amorós

Son entre 1.250 y 1.300 los parados de larga duración de la provincia sin ingresos para poder salir adelante y que han agotado todas las prestaciones los que perciben cada mes, y hasta un periodo máximo de seis, la ayuda extraordinaria de 426 euros del nuevo Programa de Activación por el Empleo (PAE), que puso en marcha el Gobierno el pasado año. El próximo 15 de abril expira su periodo de vigencia y los sindicatos temen que el Ejecutivo -todavía en funciones- que no lo prorrogue, según avanzaron tras la reunión mantenida esta semana con representantes del Ministerio de Empleo.

Desde que en 2009 el Gobierno de Rodríguez Zapatero creara un programa extraordinario de ayudas para desempleados, los planes se han ido renovando. Las prórrogas -de similar cuantía- han supuesto distintas denominaciones del programa y, además, más restricciones para acceder a ellas, según la denuncia sindical.

De hecho, en Alicante la media de 1.300 beneficiarios al mes, según datos de CC OO, «podría ser mayor si se suprimiesen o flexibilizasen algunos de los requisitos, que además son muy difíciles de cumplir», según advertían Yaissel Sánchez, secretaria de Empleo de UGT l'Alacantí-La Marina, y José María Ruiz Olmo, responsable de comunicación de CC OO en l'Alacantí-Les Marines. Una de las condiciones es «perentoria» de rebajar o suprimir como es la de cumplir un plazo de seis meses desde que el desempleado deja de percibir alguna otra prestación (antiguo Prepara o la mínima que supone la Renta Activa de Inserción) y la solicitud de la ayuda del programa PAE.

Un plazo considerado «excesivo» por los sindicatos si un parado que lleva más de dos años sin encontrar un empleo, con más de 50 años, «que son muy numerosos en las listas del Servef», sigue sin recibir ayudas y sin que entren ingresos al núcleo familiar.

Igualmente, UGT y CC OO exigen que se suprima el requisito de que sólo pueden acceder los desempleados con cargas familiares.

Cargas familiares

«Aunque tengas un hijo que ya no está a tu cargo, si tú estás sin empleo y sin recursos, ¿de qué vives?», se preguntaba Yaissel Sánchez. También Ruiz Olmos reclama que se flexibilice el requisito de inscripción de demandante de empleo, «ya que pequeñas contrataciones precarias y temporales- rompen el derecho», advertía. Además, los sindicatos plantean que se pueda compatibilizar la ayuda de los 426 euros del PAE con rentas mínimas o ayudas sociales porque «la situación de muchos de los parados sigue siendo alarmante y preocupante porque los niveles de pobreza son muy elevados todavía», subrayaba Yaissel Sánchez.

De hecho UGT y CC OO aseguran que los datos así lo evidencian, ya que el 54% de los desempleados alicantinos no cobran prestación alguna y suman más de 100.000 personas. «Una cifra muy elevada como para no preocuparse», incidían.

Los sindicatos van más allá y denuncian que el programa se puede abrir a más desempleados, flexibilizando condiciones porque «hay dinero suficiente, ya que no ha llegado al 20% lo que se ha utilizado». De acuerdo con los datos sindicales, el crédito para este programa a nivel nacional era de 850 millones y sólo se ha gastado el 19%. «Tendrán que decir dónde ha ido el resto», señala Ruiz Olmos.

Un programa «fracasado»

Este nivel de infrautilización del presupuesto supone un «fracaso» del programa, según UGT y CC OO. Estaba previsto que unas 400.000 personas pudieran beneficiarse del mismo en España. Sin embargo, sólo han podido acogerse unas 105.000 -«por los requisitos exigidos»- y, además «sólo» ha servido para la inserción laboral de 15.000 personas, aseguran los sindicatos.

Para Yaissel Sánchez, los servicios de empleo también deberían «reforzarse con orientadores que pudieran aconsejar a los parados de forma personalizada sobre la mejor forma para buscar un empleo». Según la dirigente UGT, en este último mandato del PP se «despidió a los orientadores que se habían contratado en los momentos más duros de la crisis».

La carta de presentación de los demandantes de empleo suelen ser los currículum vitae. «Y muchos de nuestros parados, sobre todo por edad, no saben redactarlos adecuadamente y más con el contenido que se requiere ahora y en plena era tecnológica. Los orientadores podrían aconsejarle, entre otros aspectos, cómo elaborarlos para que su búsqueda de empleo fuera más afectiva», añadía Yaissel Sánchez.

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