07 de abril de 2016
07.04.2016

Proceso a una trama organizada para ocultar el verdadero estado financiero de la entidad

Afectados por las cuotas se personan como acusaciones particulares junto a la popular, la Fundación CAM y el FGD

07.04.2016 | 01:12

Media docena de acusaciones (la pública, cuatro particulares y una popular) se batirán en este proceso contra las defensas de los ocho exresponsables de la CAM acusados de urdir un plan para ocultar el verdadero estado financiero de la entidad de la cara su integración en un SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Un objetivo en el que, según sostiene el fiscal Anticorrupción, Roberto López Abad como director general de la caja primero, y después del Banco Base, «puso todos sus esfuerzos en lograr unos resultados artificialmente positivos en las cuentas de la CAM de 2010 e involucró en esta tarea a algunos de los principales directivos, concretamente a los acusados María Dolores Amorós (en esos momentos directora general adjunta) a y los directores Francisco Martínez y Teófilo Sogorb».

Cómo ejemplo de este empeño cita el acusador público un correo del 15 de noviembre de 2010 que López Abad dirigió a Amorós, Martínez y Sogorb en el que les decía: «hay que sacar 300 millones y tenemos lo que queda de año para verlo (...) entre todos deberíamos ser capaces de lograrlo».

Ese tesón en no dar muestras de la debilidad financiera en la que se encontraba la caja hizo que se declararan beneficios en 2010 y el primer semestre de 2011 (hasta su intervención por en Banco de España) cuando se arrastraban pérdidas. Unos balances contables que, según las acusaciones, también se utilizaron para asignar al cuadro directivo unas retribuciones a las, a tenor del estado real de la CAM, no tenían derecho.

El fiscal sostiene que el maquillaje de las cuentas (en el que jugó un papel determinante la venta de créditos fallidos con opción de recompra) también influyó en la comercialización de las cuotas llegando a la conclusión de que pudieron salir perjudicados quienes realizaron operaciones con este producto entre marzo y julio de 2011. La introducción de este hecho por el acusador público y el archivo, pendiente de recurso, de la investigación de las cuotas en una pieza aparte, ha provocado que aquellos que compraron en las fechas marcadas por la Fiscalía se hayan personado en la causa principal como acusaciones particulares. Es el caso de la entidad Bon Llar, que pide penas que van de los 10 meses a los siete años y medio de prisión y reclama ser indemnizada en 62.545 euros. Otro acusador particular, Cristóbal Pons Servera, solicita hasta 17 años de prisión y ser indemnizado en un millón de euros.

Presente desde el inicio se encuentra en esta causa el letrado murciano Diego de Ramón que representa a cerca de un millar de afectados por la compra de estos títulos.

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