Once condenados y más de 250 imputados

La Justicia investiga a los exresponsables de 14 entidades financieras - Las primeras sentencias se saldan con penas menores, de tan sólo dos años

07.04.2016 | 11:26

Los antiguos mandatarios de la CAM no serán los primeros responsables de una caja de ahorros en sentarse en el banquillo. La debacle sufrida por el sector financiero durante la crisis económica ha sacado a la luz las malas prácticas y los abusos que se cometieron en su seno durante años y ha provocado la apertura de decenas de causas judiciales que acumulan más de 250 investigados de 14 entidades distintas. Eso sí, de momento los juicios que se han celebrado se saldan con una absolución –la del exdirector general de la propia CAM Roberto López y el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés por las dietas de este último– y tres condenas menores, con penas que no superan los dos años en ningún caso.

Los primeros en someterse a juicio, en el año 2014, fueron el expresidente y tres directivos de Caixa Penedès por las prejubilaciones de más de 30 millones de euros que se embolsaron. Tras devolver el dinero y reconocer los hechos, el juez condenó a dos años de cárcel al expresidente, Ricard Pagés, y a un año al resto de acusados.

También fueron las jubilaciones millonarias las que llevaron ante el juez a cinco directivos de Novacaixagalicia –hoy Abanca– y con idéntico resultado: dos años de cárcel para todos los encausados. En este caso, cuya sentencia se conoció en octubre del año pasado, los directivos, incluido el expresidente de la caja Julio Fernández Gayoso, defendieron su honorabilidad hasta el final aunque no lograron convencer al tribunal.

Manipulación de cuentas
Más allá de los retiros dorados que se buscaron los directivos antes de que las fusiones y absorciones que se produjeron en el sector les dejaran sin cargo, el primer juicio por falseamiento de cuentas fue el que afrontaron el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó y su director general Ildefonso Ortega. La Audiencia Nacional consideró probado que la entidad presentó unos beneficios ficticios de 29 millones de euros en 2008 cuando en realidad sus pérdidas eran «galopantes» y provocaron que la caja manchega fuera la primera en ser intervenida, a principios de 2009. Aún así, la pena fue de sólo dos años de prisión y otros tantos de inhabilitación.

En otras ocasiones, los exresponsables de las cajas de ahorros ni siquiera han tenido que pasar por el mal trago de una vista oral porque las causas han sido archivadas. Es lo que ocurrió con la pieza donde se investigaba la emisión y comercialización de las cuotas participativas de la propia CAM o también con la que indagó sobre la venta de las preferentes de Caja España y Caja Duero. Otros que se libraron por esta vía fueron los responsables de Caja Navarra cuando el juez no apreció delito en el hecho de que sus consejeros cobraran dietas por consejos y reuniones a los que ni siquiera asistían.

También se cerraron dos de las piezas que investigaban la gestión de Banco de Valencia, aunque los directivos de esta antigua filial de Bancaja –hoy integrada en CaixaBank, tras su intervención por el FROB– se siguen contando entre los que más causas abiertas acumulan en la Audiencia Nacional, con 11 instrucciones en curso. Entre ellas, las que afectan a los negocios que realizaron con el empresario ilicitano Ramón Salvador o con el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig.

No obstante, sin duda su imputado más ilustre es el expresidente del banco y de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, que también afronta otras investigaciones por su labor al frente de Bancaja y como vicepresidente de Bankia

A un paso del banquillo
Entre las causas pendientes, la más avanzada es la que afecta a la cúpula de la aragonesa Caja Inmaculada, para la que ya se ha decretado la apertura de juicio oral y para la que la Fiscalía solicita hasta tres años de prisión y la acusación particular 16 años, por un agujero contable de 12 millones. El juez también ha ordenado ya el procesamiento -el paso previo a la apertura de juicio– de 41 exconsejeros y exdirectivos de Caixa Catalunya, entre ellos su expresidente y exvicepresidente del Gobierno con Felipe González, Narcís Serra. En este caso, la imputación es por los sobresueldos que cobraron los directivos cuando la caja ya bordeaba la quiebra pero la Fiscalía Anticorrupción analiza al menos 17 operaciones sospechosas realizadas por la entidad, que suman unos 900 millones de euros.

Otros que se encuentran también en esta situación son los 66 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia a los que el juez Fernando Andreu ha ordenado ya procesar por el uso de las tarjetas black de estas entidades, entre los que también se encuentran nombres ilustres como el exministro Virgilio Zapatero, además de su expresidente Rodrigo Rato o el ya citado José Luis Olivas.

Algo más de retraso acumula la causa por la salida a Bolsa y posterior fiasco de la entidad, donde hay otros 33 investigados, que lo tienen bastante difícil para librarse después de que el Tribunal Supremo, en una causa civil, reconociera que el banco debutó en los mercados con unas cuentas falsas. Un fallo que llevó a sus actuales responsables a poner en marcha el mecanismo para devolver el dinero a todos los pequeños ahorradores que compraron acciones.

Por si fuera poco, Anticorrupción analiza hasta 47 operaciones irregulares, la mayoría vinculadas al sector inmobiliario, que el FROB considera sospechosas. Por ejemplo, la participación de Bancaja en el Plan Rabasa junto a Enrique Ortiz, o los proyectos que la entidad tenía en México junto a los hoteleros de Benidorm Juan Ferri y José Baldó.

Archivos y reaperturas
Entre las entidades de menor tamaño, uno de los casos más llamativos es el de Banca Cívica. La investigación por su salida a Bolsa ya se ha archivado y reabierto con posterioridad en dos ocasiones, la última el pasado mes de septiembre con la intención de practicar nuevas pruebas periciales. Los directivos de Cajasol, Caja Segovia, Caja Duero o Caja España son otros de los que están bajo la lupa de la Justicia por su gestión al frente de estas entidades. La demora en algunos de ellos ha obligado a los instructores a declararlos de especial complejidad para evitar su archivo.

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