Fue a finales de los años noventa cuando la Caja de Ahorros del Mediterráneo decidió iniciar un ambicioso plan de expansión que, en la década siguiente, le llevaría a convertirse en una entidad de carácter nacional y le auparía hasta la cuarta posición entre las cajas españolas, sólo por detrás de La Caixa, Caja Madrid y la valenciana Bancaja. Fue precisamente el temor a una posible fusión con esta última -un proyecto largamente acariciado por los sucesivos inquilinos de la Generalitat- lo que llevó a la entidad alicantina a emprender una carrera por ganar tamaño a cualquier costa. Un objetivo para el que encontró en el sector inmobiliario -entonces en plena efervescencia- a su mejor aliado.
El cambio en la dirección general de la entidad en 2001, cuando Roberto López Abad sustituyó a Juan Antonio Gisbert, que tuvo que dimitir por sus discrepancias con el entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana, acabaron por crear las condiciones para la tormenta perfecta en la que se vería inmersa la CAM unos años más tarde.
Así, en apenas ocho ejercicios la caja alicantina multiplicó por cinco su volumen de créditos concedidos, al pasar de los discretos 12.154 millones que contabilizaba en el año 2000 a los 57.500 que acumulaba ya en 2008. Y la cifra aún seguiría creciendo algo hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, un año después.
Y lo hizo a base de vender muchas hipotecas pero también gracias a embarcarse en proyectos desmedidos, como el que le llevó hasta la Baja California mexicana de la mano de Hansa Urbana con la pretensión de construir más de 8.000 viviendas. Un proyecto que el Gobierno del país azteca tumbó por ubicarse junto a un parque natural.
Tampoco dudó en unirse a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó para crear un grupo hotelero en el Caribe, ni le importó que la sociedad que gestionaba los ingresos del mismo se ubicara en un paraíso fiscal. También fue una de las entidades que más invirtió en las urbanizaciones de Polaris World o la que levantó Francisco Hernando «El Pocero» en Seseña, uno de los mayores iconos de los excesos del ladrillo en la España de aquellos años.
Mucho suelo
La CAM también destacó por la ligereza con la que facilitaba los préstamos para la financiación de suelo, sin importarle que se tratara de terrenos rústicos sobre los que sólo había una promesa verbal y lejana de recalificación, como los que adquirió junto al empresario Enrique Ortiz en la zona de Agua Amarga de Alicante. Así, la caja alicantina fue una de las entidades españolas que mayor porcentaje de su cartera crediticia -el 8%- tenía vinculado al suelo.
Como es lógico, los movimientos de los directivos de la CAM acabaron por llamar la atención de los responsables del Banco de España, que decidieron en el otoño de 2008 enviar a sus inspectores de forma permanente a la sede de la entidad para revisar sus cuentas. La caja sorteó como pudo sus requerimientos que, eso sí, tampoco fueron demasiado contundentes hasta que la situación ya no tenía remedio.
Quizá, precisamente, porque conocía que los balances de la caja no eran tan brillantes como sus responsables aseguraban, el supervisor se empeñó con especial ahínco para conseguir que la CAM participara en alguna de las fusiones que se pusieron en marcha al estallar la crisis. La cúpula de la caja hizo todo lo posible por evitar a los grandes del sector, con el objetivo de mantener el control del futuro grupo, y acabó por firmar un acuerdo con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en el que los directivos alicantinos mantenían una cuota de poder que consideraron razonable.
La ruptura
El problema llegó cuando el Banco de España decidió dejar de mirar hacia otro lado y, entonces sí, exigió a la entidad que reclasificara miles de créditos y asumiera las pérdidas. Los nuevos socios de la CAM no estuvieron de acuerdo con asumir estas pérdidas -al menos sin una reconfiguración del grupo que diera más poder a Cajastur y se lo restara a la caja alicantina- y decidieron romper el proyecto de fusión. Más tarde se sabría el alcance del engaño y cómo, supuestamente, los ejecutivos de la CAM manipularon las cuentas para dar beneficios en 2010 cuando la entidad estaba quebrada.
Tras la ruptura, y ya bajo la dirección general de María Dolores Amorós, la CAM emprendió una huida hacia delante para buscar un nuevo socio que le permitiera seguir con el negocio pero, tras las pruebas de estrés que el BCE practicó en el mes de julio, el Banco de España decidió no esperar más e intervino la entidad.
Los últimos cálculos del Fondo de Garantía de Depósitos cifran en unos 15.000 millones las pérdidas que finalmente registrará la entidad hasta su total saneamiento.
