Los 640.000 euros en dietas que convirtieron al empresario Modesto Crespo en el único presidente de la CAM que cobraba les pueden salir caros a todos los miembros del consejo de administración que aprobó ese abono y a quien entonces era el director general de la entidad, Roberto López Abad, que lo propuso. El fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha presentado un escrito ante el nuevo instructor del proceso en el que pide que por estos hechos se juzgue, además de al propio Crespo, a los otros 19 miembros del consejo como coautores de un delito de administración desleal y/o apropiación indebida del que a López Abad le considera inductor o cooperador necesario.
Entre los imputados (ahora investigados) para los que pide el procesamiento se encuentran quienes fueran los tres últimos vicepresidentes de la entidad: el alicantino Armando Sala, el valenciano Antonio Gil-Terrón y el murciano Ángel Martínez.
El acusador público sostiene que, a propuesta de López Abad, el consejo del 27 de noviembre de 2009 aprobó el nombramiento de Crespo como presidente de la participada Tinser para así poder abonarle 300.000 euros al año bajo la apariencia de que se trataba de dietas. Gracias a este acuerdo el empresario de Elche se embolsó 640.000 euros en apenas dos años, parte de ellos con carácter retroactivo, sin que a lo largo de la instrucción haya quedado acreditado que fuera a cambio de hacer algo.
En sus declaraciones ante el primer instructor, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, la mayoría de los investigados (excepto Crespo, López Abad, el secretario José Forner, Martín Sevilla y un titubeante Gil-Terrón) mantuvieron que a aquel consejo se llevó el nombramiento de Crespo pero no la retribución, y denunciaron que el acta se amañó con posterioridad a la reunión para incluir las dietas. Fue éste el motivo por el que, en medio de aquellas comparecencias judiciales, se citó también como imputado (ahora investigado) al letrado de la caja Juan Martínez-Abarca en calidad secretario de actas, quien mantuvo que el documento no fue alterado.
El fiscal plantea ahora que la causa se sobresea para el abogado tras concluir que no se ha aportado prueba alguna de esa supuesta manipulación, lo que le lleva al convencimiento de que todos los consejeros presentes en aquella reunión sabían perfectamente lo que votaban, en contra de lo que mantienen.
En cuanto a quien sufrió el perjuicio económico por estos pagos, el fiscal siempre ha sostenido que aunque la CAM es la ofendida por estos hechos, el perjudicado es el Sabadell, actual propietario de Tinser tras hacerse con el negocio financiero de la caja.
