Cierval no pedirá el preconcurso de acreedores, como habían planteado algunos de sus miembros. El comité ejecutivo de la patronal autonómica ha descartado esta mañana esta posibilidad al considerar que las pérdidas que le ocasionarán la suspensión de pagos de la alicantina Coepa y la castellonense CEC no serán suficientes para que su balance entre en negativo. Y es que, entre ambas organizaciones provinciales adeudan a la confederación presidida por José Vicente González 688.877 euros -476.267 la alicantina y 212.610 la castellonense- que tendrá que provisionar tras la declaración de concurso de la primera y los graves problemas económicos de la segunda.

Según el comunicado remitido a los medios, el comité ha conocido hoy la liquidación provisional del presupuesto de 2015 que arroja un resultado «prácticamente equilibrado». Además, según ha explicado González, las citadas provisiones no afectarán a la tesorería de Cierval y su patrimonio «continuaría en positivo», por lo que no consideran necesario «iniciar ningún proceso concursal».

Aún así el comité ejecutivo «ha acordado que se emprendan las actuaciones necesarias para minimizar el impacto en Cierval» del concurso de Coepa y de los problemas de Castellón, que también está siendo investigada por un presunto fraude en los cursos de formación.

Durante el encuentro, también se han discutido las conclusiones del informe encargado a una consultora sobre la situación económica y el futuro de la organización. De dicho documento «se desprende con claridad los riesgos futuros y las dificultades de las organizaciones provinciales de sostener una confederación autonómica fuerte», según el comunicado de la patronal. En consecuencia, el presidente ha propuesto iniciar el debate sobre la modificación de los Estatutos de Cierval «con el objetivo hacer factible que las asociaciones sectoriales y las empresas de toda la Comunidad que así lo deseen puedan adherirse directamente a Cierval».

O, en otras palabras, que no sea necesario está afiliado a una patronal provincial para formar parte de la patronal autonómica, lo que supone en la práctica la fagocitación de las primeras por parte de la estructura autonómica. Es decir, la centralización de la estructura empresarial de la Comunidad, que pasaría a estar controlada por Valencia.