El comité ejecutivo de Cierval se reunirá hoy para analizar su situación económica tras la solicitud de concurso que ha presentado la patronal alicantina Coepa y las graves dificultades económicas que también atraviesa la CEC castellonense, que se encuentra, además, inmersa en una investigación judicial por un supuesto fraude en la gestión de fondos de formación. Los empresarios temen que la caída de estas dos organizaciones provinciales arrastre también a la confederación autonómica y quieren conocer con exactitud el estado real de sus cuentas para poder tomar decisiones.
En concreto, las patronales provinciales quieren saber si Cierval se encuentra ya en situación de insolvencia ante los impagos de Alicante y Castellón, y si sería necesario solicitar también la declaración de preconcurso para evitar las posibles responsabilidades de sus representantes en la junta y el comité ejecutivo de la autonómica. No en vano, Cierval es el segundo acreedor de Coepa, tras el Instituto Valenciano de Finanzas, y los 470.000 euros que le debe se convertirán autománticamente en pérdidas cuando esta última entre en suspensión de pagos.
En el caso de la patronal alicantina, la exigencia de conocer las cuentas y estudiar el posible preconcurso también es una forma indirecta de presionar al Consell para que se avenga a negociar una solución a la deuda que mantiene con el IVF por la construcción de su centro de oficios y que es el principal motivo que le ha llevado a la quiebra.
Por otro lado, ayer se conoció que la Generalitat se personará como acusación en la causa que se sigue contra la patronal castellonense en un juzgado de Nules por el supuesto fraude de 450.000 euros en la gestión de fondos de formación.
