Los sindicatos en la Comunidad tienen diez mil delegados sindicales «fantasma», es decir, representantes de los trabajadores contabilizados por el Ministerio de Trabajo pero que pertenecen a empresas que ya no existen. Así lo denuncia el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), uno de los minoritarios que está en pie de guerra contra lo que entiende que es un «statu quo» que beneficia a los mayoritarios, UGT y CC OO.
Según denuncia el sindicato, el Ministerio no actualiza la base de datos de los delegados de forma regular. Lo hace conforme las empresas van realizando cada cuatro años sus elecciones sindicales. El problema es que, en ese periodo, hay empresas que cierran. Y, últimamente, han desaparecido muchas. Según la «estimación a la baja» del CSIF, en la Comunidad existen 10.724 delegados sindicales de firmas que ya no existen.
Desde 2011, han cerrado casi 2.500 mercantiles de entre seis y nueve empleados, a las que, por tamaño, correspondería un delegado. Igualmente, han desaparecido 2.068 de entre diez y 5.000 empleados. A una media de cuatro delegados por empresa, existen 8.272 delegados fantasma: 10.724 en total, según sus cálculos. En España, la cifra ascendería a 71.909 delegados.
Esta situación, critican desde la dirección estatal de CSIF, beneficia a UGT y CC OO, que tienen en torno al 75% de la representación, y obtiene «una mayor representatividad en las mesas sectoriales así como en el reparto de ayudas públicas». Mientras tanto, desde los sindicatos mayoritarios defienden que aunque se fueran suprimiendo del registro los delegados conforme desaparecen las empresas, no cambiaría la correlación de fuerzas sindicales.
Según la Dirección General de Trabajo y Bienestar Social, en la Comunidad hay 26.022 delegados sindicales registrados. Son los datos actualizados con las elecciones celebradas en 2015. Tal como apuntan desde la Generalitat, es imposible establecer cuántos de estos delegados son «fantasma», si bien es cierto que cada año se reduce el número por las quiebras. O por los ERE que rebajan el número de representantes y hacen que una empresa que tenía un comité pase a un solo delegado al bajar el número de empleados. La situación, insisten, no es nueva. Las elecciones tienen por ley una vigencia de cuatro años y no existe una obligatoriedad de comunicar ningún cambio.
Los sindicatos obtienen ayudas directas en función de su representatividad: 12 euros por delegado. En el caso de CC OO, son unos 118.000 euros al año; y unos 110.000 para UGT. En los últimos tiempos los sindicatos minoritarios cuestionan lo que creen una situación de privilegio de los mayoritarios. Al margen de este asunto, la ley de participación institucional, desarrollada por el Consell del PP pero aprobada por el nuevo equipo PSPV-Compromís, «consagra el bisindicalismo», con unas ayudas de 5,2 millones a los agentes sociales que financian «la penosa situación económica» de Cierval y los sindicatos UGT y CC OO, criticó ayer Intersindical.
