Las participaciones preferentes son un producto de deuda complejo que casi todas las entidades españolas comercializaron con profusión desde finales de los años noventa y hasta el estallido de la crisis porque la normativales permitía contabilizar el dinero que se captaba a través de esta vía como capital, lo elevaba su ratio de solvencia. En muchas ocasiones los clientes pensaban que estaban contratando algo similar a un depósito a plazo cuando, en realidad, se trata de un tipo de acciones -de hecho su nombre en inglés es «preference shares», es decir, acciones preferentes-, que cotizan en un mercado y cuya principal ventaja es que tienen prioridad de cobro sobre las acciones normales.

Durante muchos años, las entidades mantuvieron la ficción porque, cuando un cliente quería vender, buscaban a otro para que comprara esas preferentes por el mismo precio, con independencia de su cotización real. El problema llegó cuando las autoridades se dieron cuenta de la trampa y empezaron a exigir que las ventas se ajustaran a mercado. A ello se unió que la crisis provocó que hubiera muchos vendedores y ningún comprador, por lo que se quedaron sin liquidez.

En el caso de la CAM, casi 75.000 clientes eran propietarios de preferentes por valor de 1.630 millones de euros cuando la entidad fue intervenida. Una de las primeras decisiones del Sabadell al tomar las riendas de la caja fue proponer a estos ahorradores el canje de estos títulos por acciones del banco, a las que añadieron un interés adicional del 6% anual para hacerlo más atractivo. Aceptaron la oferta el 95,7% de los afectados que, en base a la cotización de la acción en este tiempo y a las ampliaciones de capital del banco, han ganado entre un 8,07% y un 26,44%, según los cálculos de la propia entidad.

Posteriormente, en enero de 2015 decidieron amortizar por el 100% del nominal las preferentes residuales que aún quedaban en el mercado, por lo que hoy en día no queda ningún cliente que tenga en su poder estos títulos.

En su día, la propia CNMV detectó que la extinta CAM estaba comercializando las participaciones preferentes de forma incorrecta, al no informar a los clientes de los riesgos.