El informe de Cierval encargado a la consultora Grand Thorton revela que la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) atraviesa por una situación económica crítica que la podría arrastrar al concurso de acreedores, como le ha pasado a la alicantina Coepa. A su vez, este hundimiento podría salpicar directamente a la autonómica, que de momento está cubriendo agujeros de sus dos provinciales con problemas. La auditoría realiza un estudio jurídico sobre los escenarios futuros y cómo afectará a las relaciones entre las diferentes organizaciones empresariales.
El informe de Cierval trabaja con las cuentas y los datos de las cuatro patronales, las tres provinciales y la autonómica, hasta 2014, por lo que no contempla la investigación judicial y las posibles repercusiones penales contra los dirigentes de la CEC. Cabe recordar que su secretario general, Rafael Montero, está imputado por varios delitos, entre ellos fraude en subvenciones por los cursos de formación de la Generalitat. En esta causa, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules investiga un presunto desfalco de cerca de un millón de euros. Además, como contó este periódico, una empresa instrumental de la CEC para formación lleva 17 años sin presentar las cuentas.
Lo que sí que analiza el estudio son la deudas que la patronal castellonense tiene con la propia Cierval y la Generalitat y que no ha provisionado, según las mismas fuentes. En caso de dotar esas pérdidas, la suspensión de pagos sería prácticamente una realidad. Según el informe, la CEC tiene requerimientos por parte del Servef por valor de casi 1,5 millones de euros por cursos de formación no justificados adecuadamente. Además, y como ha venido contando este periódico, adeuda más de 250.000 euros en cuotas a la autonómicas Cierval.
