En más de 291 millones de euros ha fijado la Fundación CAM el quebranto económico causado a la entidad por los ocho exresponsables de la caja a los que acusa de los delitos de falseamiento de las cuentas, apropiación indebida y administración desleal. En el escrito que, como acusación particular, ha presentado en el juzgado, la Fundación valora la «pérdida de la fuente de ingresos» de los que se nutría la Obra Social para hablar del «lucro cesante producido habida cuenta de que la entidad pasó de tener durante 140 años ingresos procedentes de los excedentes de la caja a, en el momento actual y una vez perdida su única fuente de ingresos, no tener posibilidad alguna de generar recursos».
La Fundación considera que «del lucro cesante deben responder los imputados de forma conjunta y solidaria en la cantidad de 250 millones», y cita como responsable civil directo a Caser, la aseguradora con la que la CAM tenía contratada una póliza de responsabilidad civil.
Además de estos 250 millones de quebranto, que la Fundación justificará mediante un informe pericial que aportará antes del juicio, mantiene que los acusados deben responder también «de manera conjunta y solidaria» de los 41.149.000 euros en que están estimadas las retribuciones supuestamente ilegales que cobró el cuadro directivo.
Tal y como adelantó este diario, la Fundación ha reclamado penas que van desde los siete a los dos años y seis meses para los dos últimos directores generales de la CAM, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, para el expresidente Modesto Crespo y para los exdirectores Teófilo Soborb, Vicente Soriano, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa. La Fundación mantiene que fueron los hechos que se atribuyen a los acusados «los que provocaron en última instancia la caída del negocio financiero de la extinta caja, única fuente de ingresos tanto de los cuotapartícipes como de la Obra Social».
Entre los testigos que la Fundación CAM propone para la vista oral se encuentra Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank ahora y presidente de Cajastur, con la que la CAM vivió un intento frustrado de fusión, cuando se produjeron los hechos y los representantes del FROB que asumieron el control de la caja tras la intervención».
