El juzgado de Instrucción número 1 de Nules investiga a la entidad de cursos de formación de la patronal de Castellón por falsedad documental y fraude en subvenciones. El magistrado dispone de documentación que acredita que la sociedad de la que es consejero delegado el secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), Rafael Montero, habría gastado más de 120.000 euros sin justificarlos al Servef. Montero está imputado por las ayudas a la formación que dio a varias firmas de la Vall d'Uixó y que, según Hacienda, no habría realizado los trabajos por los que cobró. Esta nueva investigación apunta a directamente a la línea de flotación de la entidad que preside José Roca y que puede arrastrar a la autonómica Cierval, que al final es la responsable solidaria de los presuntos desmanes de sus federaciones provinciales.
Según la documentación que ya investiga la justicia, el pasado 16 de diciembre el juez instructor del caso de las ayudas de formación de la CEC reclamó al Servef toda la información relativa a las ayudas de formación del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, del que Montero es consejero delegado y Roca presidente. El departamento que dirige María José Mira, secretaria autonómica de Economía, contestó con un informe demoledor que acusa a esta entidad patronal de haber cometido delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones.
El 4 de julio de 2014 y cuando todavía estaba el PP gobernando el Consell, la Conselleria de Economía reclamó a la CEC los justificantes de unas ayudas de formación por valor de 120.987,9 euros. Ahora el juez cree que se destinaron a otros fines.
