Los empresarios alicantinos cada vez tienen más claro que la solución a sus problemas sólo puede llegar desde Valencia sólo puede llegar desde Valencia y, en concreto, desde el Palau de la Generalitat. Por eso, convencidos de que el Ejecutivo de Ximo Puig no se puede permitir el lujo de una caída en cascada de las patronales de la Comunidad Valenciana, han decidido trasladar a la autonómica Cierval parte de la presión que tienen en estos momentos sobre sus cabezas y exigen saber el estado real de sus cuentas, y si también podría encontrarse en situación de insolvencia.
Así, la primera reunión de la junta directiva de Coepa tras la solicitud del concurso de acreedores sirvió ayer para que la patronal alicantina reclamase a su organización «hermana» un avance del cierre de sus cuentas del año pasado y de los presupuestos de 2016. Además, también se pidió una reunión de la comisión de Asuntos Económicos y, posteriormente, de su comité ejecutivo.
Unas exigencias que desde la junta de Coepa justifican por la necesidad de «proteger» a los representantes de la patronal alicantina en los órganos de gobierno de Cierval frente a las posibles responsabilidades personales en que podrían incurrir si ésta quiebra. O, en otras palabras, una forma nada sutil de sugerir que, quizás, la organización presidida por José Vicente González también debería acogerse al preconcurso, aunque oficialmente Coepa no quiere pronunciarse sobre este asunto hasta tener todos los números en su poder.
Lo cierto es que esta misma preocupación por las responsabilidades que podrían tener los empresarios presentes en el comité y la junta de Cierval ya llevó a la patronal provincial de Valencia a reclamar también la celebración de un comité extraordinario para analizar la situación. No en vano, la autonómica es el segundo acreedor de Coepa, sólo por detrás del Instituto Valenciano de Finanzas, ya que los alicantinos llevan sin pagar las cuotas anuales que exige Cierval desde el año 2010, lo que suma alrededor de 470.000 euros.
Si Coepa finalmente se liquida, la patronal de la Comunidad se vería obligada a contabilizar todo este dinero como pérdidas, lo que se une a la difícil situación por la que también atraviesa Castellón. En suma, los empresarios alicantinos tratan de transmitir que sus problemas son, en realidad, un problema del modelo de patronal vigente en los últimos años -excesivamente dependiente de las subvenciones públicas- y que hace falta una solución conjunta para todas.
En el caso concreto de Coepa, además, el objetivo es que el Consell se avenga a buscar una solución para le deuda que mantiene con el IVF. La patronal debe 3,9 millones de euros al banco público de la Generalitat por el préstamo que en su día la concedió para construir su centro de oficios, una cantidad que ha sido incapaz de satisfacer. Ante los impagos, el Instituto de Finanzas solicitó el embargo de los bienes de Coepa, lo que llevó a ésta a solicitar la suspensión de pagos el pasado jueves, tras cuatro meses de preconcurso en que no logró cerrar ningún acuerdo. Ahora el Consell, ante la evidencia de los efectos que tendrá en Cierval, ha mostrado su disposición a buscar algún tipo de solución al asunto, aunque no ha concretado en qué consistirá ni se ha puesto en contacto, todavía, con los empresarios.
Plan de trabajo
Mientras llega o no llega el acuerdo desde Valencia, la junta de Coepa también acordó seguir trabajando en la elaboración de un plan de viabilidad que le permita equilibrar sus ingresos y sus gastos. Un documento que quieren entregar al futuro administrador concursal que el juez designe, una vez admitido a trámite el concurso. Las posibilidades de prosperar de cualquier propuesta dependerá de lo que ocurra con el centro de estudios. Si se logra algún tipo de acuerdo con el Consell que permita librarse de su hipoteca, el camino se despejará algo, aunque no estará completamente solucionado. En caso contrario, será determinante la valoración que se haga del inmueble, prácticamente el único patrimonio que tiene Coepa. El problema es que la patronal sólo posee el derecho de superficie y de forma temporal ya que la parcela es del Ayuntamiento de Alicante.
