El Gobierno valenciano está buscando la fórmula legal para que algún organismo autonómico pueda asumir el centro de oficios de Coepa y libere a la patronal alicantina de la carga de su hipoteca, cerca de 3,9 millones de euros que la organización empresarial debe al Instituto Valenciano de Finanzas y que le han obligado a solicitar el concurso voluntario de acreedores en los juzgados.
El temor a que la suspensión de pagos de la alicantina acabe provocando, de rebote, a la patronal autonómica Cierval ha acelerado las gestiones del Ejecutivo de Ximo Puig para solucionar el problema, aunque desde el Consell tampoco quieren dar la sensación de que están salvando a Coepa. De hecho, en el Palau están convencidos de que, aunque logren sacar de la ecuación el centro de oficios, la organización presidida provisionalmente por Francisco Gómez aún tendría problemas para salir adelante.
En cualquier caso, no quieren quedar ante la opinión pública como los responsables de su caída y más cuando se trata de otro «pufo» heredado del anterior Consell. A esto se une que los empresarios valencianos también han empezado a presionar, ante la evidencia de que la quiebra y desaparición de Coepa tendría importantes repercusiones sobre ellos.
Para empezar, porque Cierval es el segundo acreedor de Coepa, con 470.000 euros de deuda que deberían transformar en pérdidas en sus balances, ya de por sí en una situación delicada. Pero, además, la desaparición de la alicantina dejaría a Cierval sin su carácter de patronal autonómica, ya que no tendría representación en Alicante. Una circunstancia que podría provocar que alguien discutiera la legalidad de que siguiera recibiendo las subvenciones de la Ley de Participación Institucional.
Negativa del Ayuntamiento
Aunque en los últimos meses la apuesta del Consell pasaba porque el Ayuntamiento de Alicante se quedara el edificio -ya que el suelo sobre el que se ubica es propiedad municipal y revertirá al consistorio dentro de 15 años-, esta opción parece ahora descartada ante la falta de voluntad del alcalde, Gabriel Echávarri, y de sus socios de gobierno, que sólo están dispuestos a asumirlo si es completamente gratis.
Ahora la alternativa pasa porque sea algún organismo dependiente de la Generalitat el que se quede el edificio pero el encaje legal es complicado y es lo que se está estudiando con más detenimiento. También se quiere que la operación tenga sentido económico. De momento ya se descartó que fuera la Conselleria de Educación, puesto que las instalaciones no encajan con sus necesidades. Tampoco se descarta una operación a tres bandas con una parte externa. El edificio costó 6,2 millones frente a los 3,9 que quedan de hipoteca.
La respuesta
Mientras, desde Coepa, su presidente en funciones, Francisco Gómez, se mostró ayer abierto a cualquier solución que pueda proponer la Administración autonómica pero recordó que, una vez solicitado el concurso, todo dependerá «de lo que decida el administrador que designe el juez». En este sentido, Gómez lamentó que la Generalitat no haya mostrado este mismo interés durante los cuatro meses de preconcurso en que Coepa pudo haber negociado una solución.
