La magistrada Carmen Lamela se mantiene en su idea de no realizar el muestreo de compradores de cuotas que acordó de oficio pero por el que los peritos encargados de hacerlo pedían una provisión de fondos que nadie está dispuesto a aportar. La acusación popular recurrió la anulación y planteó que el precio se incluyera en la condena a costas pero la juez considera además que el estudio es innecesario. La resolución puede ser recurrida. M. G.