El presunto falseo de las cuentas de la CAM y la emisión y comercialización de cuotas participativas, preferentes y deuda subordinada se juzgarán como dos causas separadas después de que ayer la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dejara sin efecto el auto dictado hace un mes en el que acordaba acumular los dos procesos en un uno.
Tras argumentar que tomó aquella decisión «en beneficio de los investigados» porque así hubieran evitado ser juzgados en dos prodecimientos diferentes, además de, en caso de condena, haberse acogido automáticamente a la acumulación de penas, la magistrada pasa a explicar los motivos del cambio de opinión. Una marcha atrás en la que han tenido su peso los recursos presentados por cinco de los ocho procesados en la pieza principal, que son lo mismos que los de las cuotas: el expresidente Modesto Crespo, los dos últimos directores generales, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
Lamela argumenta en el auto dictado ayer que deja sin efecto la acumulación «por la complejidad de la pieza principal, que se vería incrementada mediante la acumulación de la de las cuotas participativas, por el distinto estado procesal en que se encuentran ambos procesos y por la dilación que necesariamente se produciría en la tramitación de la pieza principal como consecuencia de la acumulación».
En líneas generales son los motivos esgrimidos en sus recursos por López Abad, Amorós, Soriano, Matínez y Sabater, algunos de los cuales llamaban también la atención sobre el hecho de que en la investigación de las cuotas quedaban aún diligencias pendientes de practicar, en alusión al muestreo sobre el perfil de los cuotapartícipes que iban a realizar peritos designados por el Colegio de Economistas y del que en principio la juez había desistido al no asumir el coste el juzgado y no lograr que las partes aportaran los 10.000 euros que los peritos pedían como provisión de fondos. Una decisión que recurrió el abogado Diego de Ramón, representante de cerca de un millar de afectados por la compra de estos valores.
La juez explica que su decisión de acumular ambas piezas partió del escrito de acusación presentado por el fiscal en la causa del falseo de las cuentas, en el que considera que esta presunta manipulación contable afectó a los cuotapartícipes (por haberse realizado las transacciones tomando como referencia un valor que no era el real) pero únicamente a quienes compraron entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en que la CAM fue intervencida.
El fiscal aclara en este punto que diferencia los hechos por los que acusa en la pieza principal de los que se investigan en la de cuotas participativas, donde se trata de averiguar si se cometió algún delito en la emisión y comercialización de estos títulos, con independencia de que las operaciones que se realizaran o no en base a la cuentas presuntamente falseadas.
Nuevos escritos
La decisión de ayer de la juez obliga a las acusaciones a replantearse de nuevo sus escritos después de que, con motivo de la acumulación ahora anulada, la instructora ampliara en veinte días el plazo para presentarlos para que incluyeran todo lo relativo a las cuotas. En esta situación se encuentran ahora la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, acusaciones particulares en este procedimiento que tendrán que volver a elaborar su escritos eliminando las referencias a lo comprendido en la pieza de las cuotas, aunque no a lo que alude el fiscal sobre esos cinco meses de 2011 cuando las participativas de compraron con unas cuentas publicadas que no eran las reales, según mantienen las acusaciones.
Además del fiscal, la acusación popular, la que en nombre de cerca de un millar de afectados representa Diego de Ramón, también tenía ya presentado su escrito cuando se decidió la acumulación.
