10 de marzo de 2016
10.03.2016

Coepa presenta el concurso de acreedores

La patronal alicantina solicita en el juzgado la antigua suspensión de pagos ante la falta de respuesta del Consell y del Ayuntamiento de Alicante a su petición de auxilio

10.03.2016 | 14:59

La organización debe 3,9 millones de euros de la construcción de su centro de oficios

La solución de última hora que esperaban los responsables de Coepa no ha llegado y, finalmente, la patronal alicantina se ha visto obligada a presentar la solicitud de concurso voluntario de acreedores en el juzgado, ante la imposibilidad de hacer frente al crédito de 3,9 millones de euros que debe al Instituto Valenciano de Finanzas por la construcción de su centro de oficios. Un paso que, muy probablemente, supondrá la liquidación de la organización empresarial ya que ésta no dispone de patrimonio ni de recursos para hacer frente a sus deudas que, además del citado préstamo con el IVF, también incluyen casi medio millón de cuotas impagadas a la patronal autonómica Cierval –que también podría verse arrastrada a declarar su insolvencia– y otras cantidades menores a la plantilla y varios proveedores.

En cualquier caso, fue el banco público de la Generalitat el que el pasado otoño instó el embargo de todos los bienes de la patronal ante el impago reiterado de las cuotas del crédito concedido para la construcción del centro de oficios. Una decisión que llevó a Coepa a acogerse al preconcurso de acreedores para ganar tiempo en busca de una solución que nunca ha llegado.

Desde la patronal se intentó que el IVF aceptara la dación en pago del edificio pero sus responsables la rechazaron porque está construido sobre una parcela municipal cedida temporalmente, lo que de dificulta que pueda venderse para recuperar la deuda. Por eso, desde el Instituto de Finanzas se intentó que fuera el Ayuntamiento de Alicante, propietario del suelo, quien se quedara el inmueble, a cambio de una compensación por el valor de lo construido en el terreno. El consistorio, sin embargo, ha optado por dejar correr los plazos ya que su situación económica tampoco aconseja afrontar nuevas deudas y, además, es consciente de que si espera a que finalice la concesión –quedan 15 años– podrá quedarse el centro gratis.

Además, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, tampoco quería abrir una nueva brecha con sus socios de Guanyar, que han rechazado públicamente que se utilice dinero público «para salvar a la patronal».

Coepa también intentó que el IVF firmara una prórroga de tres meses para darle más tiempo a negociar, lo que el Consell finalmente rechazó al no ver claro que hubiera un comprador dispuesto a quedarse el centro de oficios y, además, temía que otro acreedor instara el concurso, lo que provocaría que el banco público perdiera su posición de acreedor privilegiado y tendría que ponerse a la cola para cobrar.

Además, desde las administraciones también exigían, como paso previo a un posible rescate, la reunificación de la patronales alicantinas, divididas desde que Coepa cambió a sus estatutos para expulsar a Cepyme, cuyos enfrentamientos con la cúpula de la patronal han sido constantes en los últimos años. En un último intento por conseguir este acercamiento o, al menos, ganarse el favor de Generalitat y Ayuntamiento, la semana pasada Moisés Jiménez presentó su dimisión como presidente de Coepa, aunque esta medida no ha tenido los efectos esperados.

Finalmente, ante la falta de respuesta del consistorio y del Consell, ha sido Coepa quien finalmente ha solicitado el concurso para que este tenga la consideración de voluntario, lo que permitirá que los actuales gestores mantengan cierta capacidad de administración y, sobre todo, protege a los miembros de la junta de incurrir en responsabilidades personales. Sus dirigentes confían en seguir negociando para evitar la liquidación, aunque las posibilidades son mínimas.

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