No hubo ninguna solución mágica pero, al menos, la reunión que ayer mantuvieron el Alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y el nuevo presidente de Coepa, Francisco Gómez, sirvió para desbloquear la situación de falta de entendimiento que hasta la fecha se había producido entre ambas instituciones. De esta forma, tras apenas media hora de encuentro, los empresarios se llevaron para casa el compromiso del primer edil de trabajar «juntos» en la búsqueda de una solución para el centro de oficios de la patronal. En otras palabras, de estudiar la posibilidad de quedarse con el edificio, ubicado sobre una parcela municipal, a cambio de asumir de alguna forma la deuda de 3,9 millones que Coepa tiene con el Instituto Valenciana de Finanzas por su construcción y que está a punto de llevarle a la quiebra.

Por su parte, Echávarri consiguió que los representantes de la patronal aceptaran iniciar un proceso de modificación de sus estatutos que permita el regreso a la confederación de Cepyme -expulsada el año pasado- y una mayor integración de otras organizaciones críticas como Fempa o Facpyme, además de la incorporación a su estructura del Instituto de Estudios Económicos (Ineca). En otras palabras, la pacificación del empresariado provincial tras varios años de duros enfrentamientos.

Un proceso que se inició el pasado miércoles con la dimisión de Moisés Jiménez de la presidencia de Coepa y que permitiría al primer edil justificar políticamente la operación, en la que también está interesada la Generalitat, que igualmente aboga por una voz única de todas las organizaciones de la provincia.

Eso sí, las condiciones de Echávarri no son nada fáciles de cumplir, ya que dejó claro que quiere una regeneración total de las organizaciones empresariales, lo que implica la marcha de todos aquellos que ahora ocupan cargos de responsabilidad en uno y otro bando, para que no haya «vencedores ni vencidos» al final de este proceso. Tanto es así que, por la mañana, antes del encuentro, el Alcalde incluso abogó por la constitución de una «gestora», aunque al entender que la junta de Coepa ya está en funciones y que no hay tiempo para cambios orgánicos acepta negociar con ella.

A priori los actuales responsables de Coepa no ven problemas para esta regeneración que, además, ya tenían prevista para el momento en que Jiménez se decidiera a dar un paso atrás. No obstante, pidieron al Alcalde que ejerciera de mediador para conseguir que también el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, se aparte de su cargo para facilitar esta reconciliación.

Sin sorpresa

En cuanto a la negociación pura y dura sobre el centro de oficios, la principal opción sigue siendo que el Ayuntamiento se quede el inmueble y compense a Coepa por el valor del edificio, lo que le permitiría a ésta saldar su deuda con el IVF. Desde el banco público de la Generalitat rechazan una dación en pago directa porque el edificio es casi imposible de vender al estar ubicado sobre una parcela cedida, que regresará a manos del consistorio en tan sólo 15 años por lo que sería muy difícil que alguien quisiera comprarlo. También aquí, el alcalde de Alicante puso blanco sobre negro algunas condiciones. Así, para empezar requirió a Coepa un listado completo de los acreedores ya que, aseguró, no tendría sentido que el consistorio se arriesgara a tomar cualquier decisión para ayudar a la patronal y luego ésta acabara quebrando por otra deuda. Pero, sobre todo, reclamó un informe jurídico que le garantice que no habrá que devolver las subvenciones que los empresarios solicitaron para su construcción y que estaban vinculadas a que el inmueble se destinara a centro formativo. En caso contrario, el nuevo propietario del inmueble podría verse obligado a devolver alrededor de 1,7 millones de euros.

A pesar de todas estas exigencias, los negociadores de Coepa -el citado Francisco Gómez, y los empresarios Cristóbal Valdés y Jaime Llinares- salieron del encuentro «con la sensación de que existe buena voluntad para dialogar». Por eso, la patronal ha optado finalmente por solicitar al IVF una prórroga de tres meses durante la reunión que el próximo martes mantendrán con su director, Manuel Illueca. De esta forma pretenden sortear la fecha del próximo 10 de marzo, cuando vence el plazo establecido por la ley para que el preconcurso que solicitaron en noviembre se transforme automáticamente en un concurso necesario, si antes no hay acuerdo para saldar la deuda de la organización.