Los empresarios alicantinos quieren una patronal «fuerte que defienda y represente los intereses de la provincia». Una afirmación que resultaría una obviedad, si Coepa no viviera unos momentos críticos. Necesita saldar la deuda de 3,5 millones con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por la construcción de su centro de oficios y evitar el concurso de acreedores. Para ello es necesario que «Consell y Ayuntamiento -propietario de los terrenos donde se ubica esta infraestructura- se sienten a negociar», reclaman los representantes de sectores provinciales y miembros del comité ejecutivo o de la junta de la patronal.
Ahora, esa aseveración de los representantes empresariales de una patronal «fuerte» se ha convertido en una premisa bajo la cual exigir a las administraciones local y autonómica «que negocien para desbloquear la situación», una vez que «la patronal ha dado un paso adelante, ha movido ficha», con la dimisión el pasado miércoles por la noche de su presidente, Moisés Jiménez, coincidían los dirigentes sectoriales.
«Si el Ayuntamiento había puesto como condición que Moisés saliera para no ser un obstáculo, el siguiente paso es que haya una reunión del Consistorio con el comité y la junta. La patronal ha dado un paso adelante y ahora deben sentarse para hablar», insistía Marián Cano, presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado (Avecal) y vocal de la junta directiva.
En similares términos se expresaban otros vocales, como Cristina Rodes, presidenta de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (Apha). «El paso dado demuestra que la representación del empresariado -el presidente y la junta- ponemos todo de nuestra parte para que se pueda dialogar y desbloquear el centro de oficios, si era esto lo que se requería», insistía Rodes, quien argumentaba que la entidad «ha hecho todos los ajustes posibles y seguirá haciéndolos porque es importante que haya una patronal que defienda los intereses de la provincia».
Potenciar la asociación
«La decisión de Moisés ha sido en aras de favorecer y potenciar la asociación», expresaba Antonio Fernández, presidente de los promotores alicantinos (Provia) y vocal de la junta. «Estos cambios servirán para que Coepa se normalice y mejore la situación». Aun entendiendo la decisión del ya expresidente de Coepa, José Javier García Zamora, presidente del Terciario Avanzado, y vocal del comité, considera, sin embargo, que Jiménez «debería haber esperado a presentar su dimisión hasta presentar el concurso de acreedores, tal y como se acordó en la junta». García Zamora, que asegura le pilló «por sorpresa» la salida del ya exmandatario, cree que la decisión del dirigente de la patronal «deja al nuevo presidente en una situación compleja», teniendo que actuar de forma rápida. No obstante, añade que las administraciones se deben «implicar».
Y Javier Verdú, presidente de la Federación de Obra Pública de Alicante (Fopa), también vocal de la junta, argumenta en defensa de la patronal que Coepa no tiene ahora «problemas de gestión, ni de endeudamiento. Los cinco millones que tenía de deuda hace unos años, los ha saldado durante la etapa de Jiménez. La confederación está saneada y al día en el pago a proveedores. Ahora, el problema es que el Ayuntamiento y la Generalitat no se ponen de acuerdo para sacar adelante el centro de oficios. Si tuviera cursos, sería una solución, pero si no se le encargan el centro no opera y pierde actividad, como está actualmente». El cuello de botella lo representan los 3,5 millones que la patronal debe al IVF. «Esa deuda la tiene que absorber alguien porque el centro de oficios es imprescindible para el sector y porque Coepa es necesaria», subrayaba Verdú.
También para Eladio Aniorte, presidente de la organización agraria Asaja y vocal de la junta, el «Ayuntamiento debería sacar del bache a la patronal. No debería dejar caer a Coepa. No beneficia a nadie. Tampoco a los trabajadores a los que se les han adeudado nóminas. Y dado que los terrenos donde se ubica el centro de oficios es municipal, el suelo puede revertir al Ayuntamiento y éste hacer algo con las instalaciones, que están muy bien equipadas», destaca Aniorte.
Por su parte, Antonio Mayor, presidente de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca (Hosbec) reclama a la administración autonómica que absorba la deuda de la institución empresarial con el IVF, «si hay solidaridad por parte de todos los estamentos». Porque, además, «no se han gastado ni en gambas, ni en cigalas, sino para la reconversión de los trabajadores», asegura tajante.
«De cuando se prometía mucho»
Mayor hace un ejercicio de contextualización y analiza que la actual situación proviene de la época «Camps (expresidente del Consell) que iba prometiendo millones; y prometió el centro. Aunque nosotros también nos lo creímos», admitía. Una idea similar a la que expresó Aniorte, para quien este problema «viene de aquella época en que se prometía mucho y luego, los políticos no lo daban».
Además, los dirigentes sectoriales defienden la necesidad de reabrir el centro de oficios, «que ha sido un referente para la cualificación y prevención de riesgos laborales de los trabajadores», subrayaba García Zamora. También el directivo de Fopa insistía en que esta infraestructura es imprescindible para el sector, por lo que «deberíamos estar preocupados por que esté inoperativo».
En otro sentido, algunos dirigentes empresariales incidieron en que en la actual situación de cambio en Coepa, se podría aprovechar para salir «fortalecida» y sumar a sectores que no están integrados, haciendo referencia, sin citarla, a la patronal de las pymes (Cepyme), expulsada de Coepa tras arrastrar un largo y duro enfrentamiento, incluso en los tribunales, con la cúpula de la entidad.
