Moisés Jiménez se borra de la ecuación. El presidente de Coepa decidió presentar ayer su dimisión «irrevocable», en una junta directiva convocada de urgencia, ante las presiones por parte de la administración -sobre todo, del Ayuntamiento de Alicante- para que se produjera un relevo al frente de la patronal alicantina como condición previa para llegar a un acuerdo que evite su quiebra. De esta forma, Jiménez trata de desbloquear las negociaciones a tres bandas que la organización empresarial mantiene con el consistorio alicantino y con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para saldar la deuda de 3,9 millones de euros que arrastra por la construcción de su centro de oficios. Una deuda que ya le obligó a solicitar el preconcurso de acreedores el pasado mes de noviembre.

Desde entonces, los responsables de Coepa han tratado de acordar una dación en pago con el banco público del Consell -el titular del crédito impagado-, que éste ha rechazado al estar ubicado el centro sobre una parcela municipal cedida por el Ayuntamiento de Alicante, lo que complicaría la posterior venta del inmueble para recuperar el dinero. Por este motivo, desde el IVF han tratado de que sea el consistorio el que acepte quedarse con el complejo a cambio asumir la deuda que, según afirman, es inferior al valor del edificio.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y el equipo de gobierno presidido por Gabriel Echávarri nunca ha visto clara la operación,entre otras cosas, por la delicada situación del municipio, que tiene sus cuentas intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Pero, además, Echávarri consideraba que los dirigentes de la patronal no habían asumido ninguna responsabilidad por el fiasco del centro de oficios -prácticamente en desuso desde hace ya varios años- y exigía, también, un acercamiento entre Coepa y Cepyme, que fue expulsada de la patronal el año pasado por las críticas que vertía su máximo dirigente, Cristóbal Navarro, contra la cúpula de la organización. Unas circunstancias que hacían muy difícil justificar el rescate desde el punto de vista político ante sus socios en el Ayuntamiento, Compromís y Guanyar.

Casi sin plazo

Así las cosas, los empresarios veían cada vez más cerca el próximo 10 de marzo, cuando finaliza el plazo de cuatro meses que la ley concede a las organizaciones acogidas a preconcurso para conseguir un acuerdo con sus acreedores antes de entrar definitivamente en suspensión de pagos. Por este motivo ya convocaron el pasado lunes una junta directiva, en la que acordaron realizar un último llamamiento y apelaron directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en busca de ayuda para evitar la desaparición de la patronal.

Sin embargo, la presión pudo más y Jiménez decidió convocar una nueva junta extraordinaria para el día de ayer, en la que presentó su dimisión de forma «irrevocable» para evitar que el resto de miembros de la organización la rechazara, como había ocurrido en ocasiones anteriores, cuando el presidente de Coepa ya intentó quitarse de en medio. De hecho, la decisión de Moisés Jiménez no sentó nada bien a una parte de los empresarios ya que, según las fuentes consultadas, existía el acuerdo de que se mantendría en el cargo hasta que hubiera un compromiso firme de rescatar a Coepa, para evitar que tuviera que ser otro el que asumiera la responsabilidad, en el caso de que finalmente la organización tuviera que liquidarse.

No obstante, Jiménez insistió en que su marcha podía facilitar una mejor «interlocución» con las administraciones y alegó también el desgaste personal y profesional que le han supuesto los últimos años al frente de Coepa, en los que ha tenido que recortar la plantilla de la organización un 70% y hacer frente a innumerables dificultades.

De acuerdo con lo previsto en los estatutos, su relevo será el hasta ahora vicepresidente primero de Coepa, Francisco Gómez, que ayer ni siquiera pudo acudir a la reunión, como otros muchos destacados miembros de la junta, ante la premura de la convocatoria.

Rechazo al rescate

Con todo, la marcha de Moisés Jiménez no garantiza, ni mucho menos, que se vaya a producir el esperado acuerdo con el Ayuntamiento -que ayer rechazó hacer ninguna valoración- o con el Consell. En el primer caso, el mayor obstáculo sería el rechazo frontal de Guanyar a cualquier «intento de rescate de la patronal con dinero público», como dejó claro ayer su portavoz, Miguel Ángel Pavón. Tampoco Compromís lo ve claro aunque ayer, al igual que el PP y Ciudadanos, prefirieron no pronunciarse hasta no conocer los informes económicos de la operación. Es más, desde la Alcaldía señalaron ayer que el consistorio «no ha recibido todavía ninguna propuesta formal sobre el centro de oficios de Coepa» desde el IVF.