El Consell rebaja la presión sobre Coepa. El llamamiento que los empresarios realizaron el pasado lunes al presidente de la Generalitat y la dimisión de Moisés Jiménez parecen haber surtido efecto y, ayer, el Instituto Valenciano de Finanzas se mostró abierto a la concesión de una prórroga de tres meses para que los nuevos responsables de la patronal puedan buscar una solución a sus problemas económicos y evitar la quiebra. Un aplazamiento que supondría todo un balón de oxígeno para la organización que, en caso contrario, sólo dispondría hasta el próximo miércoles para llegar a un acuerdo antes de verse obligada a solicitar formalmente el concurso de acreedores.
Coepa ya se encuentra en situación preconcursal desde el pasado mes de noviembre, cuando decidió acogerse a esta figura para evitar el embargo que había solicitado el banco público del Consell por el impago del crédito de 3,9 millones que la patronal pidió en su día para la construcción de su fallido centro de oficios. Un edificio, en teoría, destinado a la formación de parados y la prevención de riesgos laborales pero que ya lleva varios años en desuso.
No obstante, el ofrecimiento del IVF también tiene sus condicionantes. El primero es que Coepa solicite «formalmente» este aplazamiento y que argumente la necesidad del mismo. Y el segundo es que todos los acreedores estén de acuerdo en conceder esta prórroga, algo bastante probable ya que, además del propio IVF, Coepa sólo debe dinero a la patronal autonómica Cierval -de la que no se esperarían problemas- y a sus abogados y auditores, según las fuentes consultadas.
A cambio, según apuntaron desde el Ejecutivo autonómico, el Instituto de Finanzas se compromete a «estudiarlo» y a dar respuesta «con la mayor rapidez posible», antes de que se cumpla el escaso plazo que tiene la patronal para evitar el concurso.
Hasta ahora había sido Coepa la que había puesto la posibilidad de la prórroga sobre la mesa, pero desde el IVF exigían un compromiso del Ayuntamiento de Alicante -el principal candidato a quedarse con el centro de oficios- antes de aprobar ningún aplazamiento. Ayer, sin embargo, desde este organismo señalaron que su «único interlocutor» es la patronal y que es con ella con la que tienen que negociar, lo que, a priori, supone un cambio de actitud por parte de la administración autonómica.
Siguen las negociaciones
Aún así, esta operación tan sólo permitiría ganar tiempo pero no solventaría el problema de base. El Gobierno autonómica sigue rechazando la dación en pago del edificio porque es encuentra ubicado sobre una parcela municipal, que debe revertir al Ayuntamiento de Alicante dentro de 15 años, lo que complica su venta. Por eso, su principal apuesta es que sea el consistorio de la capital de la provincia el que se quede la propiedad del centro de formación a cambio de asumir la deuda. Una alternativa igualmente compleja por las dificultades económicas del Ayuntamiento presidido por Gabriel Echávarri y el coste político que podría tener, ya que sus principales socios de gobierno -Guanyar- la rechazan de plano.
Ante esta situación, los empresarios, con su nuevo presidente, Francisco Gómez, a la cabeza, optaron por esperar a la reunión que hoy mantendrán con Echávarri antes de tomar una decisión, sea en el sentido que sea. Quieren saber si realmente el Alcalde está dispuesto a negociar el traspaso del centro de oficios, en cuyo caso sería aconsejable solicitar la prórroga, o si, por el contrario esta posibilidad se diluye, lo que le llevaría casi irremediablemente a solicitar el concurso de acreedores.
