La veintena de trabajadores que quedan en Coepa reclamaron ayer «un último esfuerzo de diálogo» para evitar que la patronal se vea abocada a la disolución, cuando el próximo 10 de marzo se cumpla el plazo de cuatro meses que establece la legislación para que las empresas y organismos en preconcurso logren un acuerdo con sus acreedores. La plantilla considera que la solución «sencilla y factible» para los problemas de la organización pasan por que el Ayuntamiento se quede con el centro de oficios de Coepa a cambio de asumir la deuda de 3,8 millones con el Instituto Valenciano de Finanzas que lleva aparejado, y que es la causa de su actual falta de viabilidad.
Así, en una carta remitida a este diario, aseguran que «cualquier otra alternativa dejaría en el aire el futuro del centro, significaría el final de Coepa» y «los verdaderos perjudicados» serían los trabajadores, que quedarían bajo «el único amparo del Fogasa». Por eso reclaman «a los gobernantes autonómico y locales que estén a la algura» y hagan prevalecer lo que consideran que es «el interés social del proyecto».
Abren la puerta a Moisés Jiménez
En la misma línea, también reclaman a los órganos de gobierno de la patronal «que asuman su responsabilidad» y que «no dejen de luchar». Es más, les exigen que, si para lograr la supervivencia de Coepa «hay que realizar cambios que antepongan el interés general a los personalismos, ha llegado el momento de demostrar el compromiso con el proyecto». O, con otras palabras, abren la puerta a que Moisés Jiménez dimita de la presidencia para facilitar un posible acuerdo con las administraciones.
