La Agencia Tributaria potenciará este año la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior, así como las intervenciones en sectores con un uso intensivo de efectivo. Así lo adelantó ayer el director del organismo, Santiago Menéndez, después de presentar el balance de la lucha contra el fraude de 2015, que permtirió aflorar 15.664 millones de euros, un 27,2% más que en el ejercicio anterior en lo que supone su máximo histórico.
Unos resultados conseguidos, entre otros, gracias al esfuerzo que se realizó en la inspección a grandes contribuyentes y también a la minoración de las devoluciones que solicitaban algunas compañías y que han aportado 2.700 millones.
De cara al plan de control tributario de 2016, que hoy publicará en toda su extensión el BOE, otras de las líneas fundamentales de actuación será el control en el campo de la planificación fiscal internacional y del comercio electrónico, ámbitos en los cuales la Agencia Tributaria contará con nuevas herramientas informáticas para detectar las posibles irregularidades.
De igual forma, también se extenderán las actuaciones de gestión de cobro de la deuda pendiente a un mayor número de contribuyentes, mediante la puesta en marcha de mecanismos para destapar las operaciones de vaciamiento patrimonial que, muchas veces, impiden al Estado cobrar las cantidades reclamadas.
Más visitas «in situ»
Asimismo, la Agencia Tributaria también tiene previsto potenciar las visitas «in situ» de las unidades de auditoría informática (UAI) a las empresas, un sistema que el año pasado le permitió aflorar cuotas por valor de 289 millones de euros, un 51% más que el año anterior y 8,5 veces más que en 2012. En concreto, se reforzarán las actuaciones selectivas coordinadas a nivel nacional para detectar actividad oculta mediante el denominado «software de ocultación», o «software de doble uso», especialmente en empresas intensivas en manejo de efectivo, tanto por realizar ventas a consumidor final, como por formar parte de la cadena de distribución a otras empresas que venden al público. De igual forma, se mantendrán actuaciones presenciales dirigidas al análisis de la facturación y los medios de pago al objeto de verificar la efectividad del cumplimiento de la limitación de pagos en efectivo establecida en la Ley Antifraude de 2012.
También continuarán las actuaciones sobre particulares que ceden de forma opaca viviendas por internet u otras vías, así como sobre empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales y sobre el ámbito de la importación de bienes. Además, se reforzará la vigilancia para comprobar que las firmas que operan y ofrecen sus servicios a través de Internet cumplen con sus obligaciones fiscales.
