Roberto López Abad, como director general de la CAM primero y después del Banco Base, «puso todos sus esfuerzos en lograr unos resultados artificialmente positivos en las cuentas de la CAM de 2010 e involucró en esta tarea a algunos de los principales directivos de la entidad, concretamente a los acusados María Dolores Amorós (en esos momentos directora general adjunta) a y los directores Francisco Martínez y Teófilo Sogorbinvolucró en esta tarea a algunos de los principales directivos de la entidad». Así lo recoge el fiscal anticorrupción Luis Rodríguez Sol en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza principal de las abiertas por la gestión de la CAM en el que, como ya informó este diario, solicita para cada uno de estos cuatro acusados siete años y medio de prisión y una multa de 180.000 euros por el presunto falseo de las cuentas de la caja de ahorros y el cobro de remuneraciones a las que, según mantiene el acusador, no tenían derecho.
Junto a ellos, aunque en calidad de cómplices, están también acusados los exdirectores Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, para los que se piden 14 meses de prisión y sendas multas de 9.000 euros, así como Vicente Soriano, director de Recursos, a quien el fiscal reclama diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros. Por contra, la acusación pública no ve delito alguno en la actuación del último presidente de la caja, el empresario ilicitano Modesto Crespo, para el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones.
Empeño
Como ejemplo gráfico del empeño de López Abad en que, a las puertas de una fusión con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, la CAM no diera muestra alguna de debilidad financiera, se cita un correo del 15 de noviembre de 2010 que dirige a Amorós, Martínez y Sogorb en el que bajo el título de «Previsión Resultados Cierre 2010» les decía: «hay que sacar 300 millones y tenemos lo que queda de año para verlo (...) entre todos deberíamos ser capaces de lograrlo. Es el último año. Después todo irá solo», señalaba en alusión, apunta el fiscal, al convencimiento de que la integración facilitaría la mejora de resultados.
El método elegido para que, al menos sobre el papel, la CAM presumiera de una buena salud contable fueron las titulizaciones. Unas operaciones que consisten en la rehabilitación de créditos fallidos (lo que permite incrementar los beneficios y reducir la tasa de morosidad) pero que, en este caso, se hicieron de modo incorrecto ya que en vez de transferir a los inversores los riesgos de estos préstamos, la caja asumía la totalidad de la pérdida al venderlos con opción de recompra.
Rodriguez Sol mantiene que todos los acusados (excepto Vicente Soriano, a quien únicamente implica en el cobro indebido de retribuciones), estaban al corriente de estas prácticas y que «ninguno facilitó en ningún momento información al auditor externo sobre la existencia de las opciones de compra que desnaturalizaban las operaciones».
Como resultado de estas operaciones se presentaron resultados contables en 2010 y los seis primeros meses de 2011 (hasta la intervención del Banco de España) que arrojaban millones de beneficios (ver las cifras que acompañan esta información) cuando la realidad era muy distinta y la caja ya había entrado en pérdidas.
Cuotas
La diferencia entre lo que la CAM valía y lo que sus gestores decían que valía es en lo que se apoya el fiscal para considerar perjudicados por estas actuaciones a todos aquellos que en el periodo en el que se enmarcan los hechos objeto de este procedimiento compraron o vendieron cuotas participativas, unos títulos referenciados al valor de la entidad. El fiscal precisa que fueron un total de 41.540 operaciones en las que se movieron 11.418.790 de cuotas participativas y apunta que, en caso de condena, será en ejecución de sentencia cuando se determine cuántos de estos ahorradores tienen derecho a ser indemnizados.
Como responsables civiles cita el acusador de forma directa a Caser, con quien la CAM tenía suscritas dos pólizas, y, subsidiariamente, a la Fundación CAM (también acusadora particular en este proceso) y al Sabadell, lo que obliga al banco catalán a incorporarse a la causa. Una pieza en la que el Ministerio Fiscal le considera también perjudicado por las retribuciones que, de forma indebida y atendiendo a unos resultados contables que no eran los reales, percibieron no sólo los acusados sino otros miembros de los órganos directivos de la CAM. La cifra a percibir por el Sabadell por este concepto, de así estimarlo el tribunal, supera los 20 millones de euros.
