Primer aviso. Si hace unos días la Agencia Valenciana de Turisme (AVT) deslizaba que en 2016 se iba a abordar muy en serio la situación de ilegalidad de los apartamentos que se comercializan a través de plataformas de internet sin estar reglados como vivienda turística, ayer el secretario autonómico, Francesc Colomer, abrió fuego. La Generalitat acaba de abrir expediente a prácticamente todas las web de referencia que trabajan con apartamentos de la Comunidad Valenciana. La Agencia, que ha ido a por todas las grandes empresas del sector (Homeaway, Niumba, Mil Anuncios, Airbnb, Booking, Onlyapartments, Fotocasa y Muchosol), ha abierto un expediente sancionador por cada provincia: 24 en total. El proceso puede desembocar en multas de hasta 90.000 euros para cada empresa.

La medida parece una advertencia de la Generalitat, antes de que llegue la temporada estival, de que va a estar vigilante a la actividad en todos los rincones de la Comunidad de un negocio particular que compite con el turismo hotelero y que las patronales del sector han convertido en su gran amenaza. En todos los casos el motivo del expediente es que se han publicitado en estas plataformas web viviendas turísticas sin hacer constar el número de inscripción en el Registro de Empresas, lo que supone una infracción de la Ley de Turismo, explican desde el departamento.

Ahora las empresas tienen 15 días para alegar, atender el requerimiento que se les hace y eliminar de su web los alojamientos no inscritos. Será la vía para evitar, o al menos reducir, el impacto económico. Francesc Colomer asegura que «estas plataformas tan potentes tienen que entender que el Gobierno valenciano hace una apuesta por el alojamiento reglado». En este sentido, se referió tanto a hoteles, campings, alojamientos rurales y apartamentos, «pero siempre que se trate de aquellos que dan la cara, que son economía real y productiva, que generan riqueza, imagen y empleo». «No vamos a apostar por la competencia desleal, el intrusismo, el fraude fiscal o las rentas opacas», añade.

La premura de estos expedientes sorprende en un contexto en que la agencia se había dado un plazo para volver a reunirse con las plataformas, como hizo en verano, junto con una campaña de inspección e información. Y algunas web como airbnb ya avisaban en su portal a los propietarios de que en la Comunidad hay que cumplir con la normativa de registro, así como de publicidad del número de «matrícula» de la casa y su categoría. Pese a todo, Turismo llevaba semanas esperando a que las plataformas regularizaran la situación de sus ofertas ilegales, y se les había «reiterado por escrito» la obligación de publicidad y comunicación de las viviendas turísticas que comercialicen.