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22 sindicalistas de la provincia, pendientes de resolución judicial por ir de piquetes informativos

19 personas de Elche y 3 de Novelda están citadas a declarar por «actos vandálicos»

Manifestación en Alicante en la jornada de huelga del 29-M de 2012.

Los sindicatos denuncian que en los últimos años se les está «criminalizando» y sufren «acoso por ejercer el libre derecho a la huelga», según asegura la secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro. La responsable sindical incide, además, en que este «acoso» se viene detectando desde la huelga general convocada por las centrales el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Para CC OO, una evidencia de esta situación que denuncian son los veintidós sindicalistas -o personas colaboradoras con los sindicatos- que en la provincia están pendientes de resolución judicial tras su participación como piquetes informativos en una huelga general. En este caso, en los dos paros convocados el 29 de marzo y el 14 de noviembre de 2012 contra las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy. Diecinueve de estos encausados son de Elche y tres de Novelda, y según la información facilitada por CC OO, tras ser identificados policialmente, se les atribuyeron «actos con violencia» o «portar tijeras o barras de pegamento» después de detectarse distintos incidentes durante una jornada de huelga en Elche y Novelda. Posteriormente, fueron citados a declarar.

Sin embargo, la organización sindical va a solicitar el archivo de la causa, en el caso de los ilicitanos, «una vez que hayan declarado», y está intentado llegar a un proceso de conciliación, en el de los tres delegados sindicales de Novelda, donde hubo una denuncia por la quema de un contenedor, «aunque no se les pueden atriburi los hechos», insisten. Según esta misma información, los citados en Elche formaban un grupo de personas -no todos sindicalistas- que «iban juntos portando pegatinas y propaganda» sobre la huelga general y fueron identificados policialmente y llevados a Comisaría, tras registrarse denuncias de candados cerrados con silicona en algunos establecimientos. Pero no existe vinculación entre ese grupo de personas y esos hechos», reiteran en el sindicato.

En otro caso, a una joven de Elche que participaba en un grupo informativo en la noche previa a la huelga, «le revisaron el bolso y como portaba unas tijeras y una barra de pegamento -que suele utilizar en las clases que da- también la identificaron por otro caso de una cerradura sellada con silicona». Tras ser identificado este grupo, igualmente, recibió posteriormente las citaciones para declarar. La secretaria general de CC OO en l'Alacantí-Les Marines y representantes de esta organización en el Vinalopó-Vega Baja insisten en que en las dos últimas huelgas generales «se cargaron las tintas» en las identificaciones de las fuerzas de seguridad, y reiteraron que la participación en piquetes informativos una huelga «es un derecho constitucional».

Además, afirman que una situación similar no había ocurrido en anteriores movilizaciones. De hecho, destacan que en España son 300 los sindicalistas que se encuentran en circunstancias similares por las tres últimas huelgas desde 2010. Y en otras manifestaciones o jornadas de huelga, las identificaciones por parte de la Policía finalizaban con propuestas de sanciones, que iban desde los 300 o los 600 euros, «pero no ocurría que participantes en piquetes informativos fueran llevados a Comisaría y, después ditados a declarar en un juicio», añaden desde CC OO.

Los representantes sindicales confían en que ambos casos puedan saldarse con el archivo o con el proceso de conciliación porque aseguran que «no hay pruebas para atribuírsele los hechos».

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