06 de febrero de 2016
06.02.2016

El Consell reduce su participación en la SGR para que su agujero no compute como deuda

Intervención valoraba que el 56% de la Generalitat convertía a la sociedad en parte de la Administración

06.02.2016 | 01:45

La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), va a reducir su participación en la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad, del 56% actual a un máximo del 40%, para evitar que la Intervención del Estado (IGAE) considere que la entidad avalista forma parte de la Generalitat y, en consecuencia, su deuda de 400 millones tiene que computar como endeudamiento público.

La Intervención trasladó en diciembre al Consell su decisión, con efectos a partir del 1 de enero. La noticia cayó como una bomba en el Gobierno valenciano por las implicaciones que conllevaba. Además del aumento en el endeudamiento autonómico en una cantidad más que respetable que engrosaría la ya disparada deuda valenciana, la medida comportaba que, al incumplir la Generalitat el objetivo de déficit público, desde enero cada vez que la SGR diera un aval había que pedir autorización al Consejo de Ministros. Asimimo, conforme la sociedad fuese subiendo su deuda por avales fallidos, la Administración autonómica se vería en la obligación de detraer esas cantidades de otros organismos públicos bajo su órbita para cuadrar las cuentas. Por último, cualquier incumplimiento en el pasivo de la SGR se convertiría de inmediato en un «default» de la Generalitat y del Reino de España.

En resumen, un quebradero de cabeza de consideración para un Consell ya atenazado por las dificultades financieras. Paralelamente, el Banco de España comunicó a la Generalitat que ya había incorporado a su seno a la SGR y pidió información sobre la deuda de la sociedad avalista. Tras consultar con el presidente del Consell, Ximo Puig, y a pesar de que la Intervención autonómica no veía posibilidades de un cambio de posición en su homóloga del Estado, el director general del IVF, Manuel Illueca, se trasladó a Madrid para negociar directamente. Allí le informaron que la participación conjunta de la Generalitat, el propio instituto y Bankia (controlada por el Estado) sumaba un 56%, que el ámbito territorial de la SGR era exclusivamente valenciano y que el aval de 200 millones y otro de reafinanciamiento de 80 millones para la recapitalización que evitó la quiebra de la SGR firmados por la Generalitat implicaban que la financiación pública era superior a la privada en la entidad y, en consecuencia, esta formaba parte de la Administración valenciana.

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