La Audiencia Nacional sentará en el banquillo de los acusados a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al resto de usuarios de las polémicas tarjetas «black», una vez abierto ayer juicio oral contra ellos por presunta administración desleal y apropiación indebida.
En un auto, el juez Fernando Andreu reconoce que existen indicios suficientes de administración desleal por parte de Blesa, Rato y del ex director general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio de Caja Madrid y Bankia.
«Resulta meridianamente claro que los hechos anteriores, y el delictivo uso dado a las tarjetas de crédito, hubiese sido imposible sin la participación de los presidentes de las entidades durante el tiempo que fueron utilizadas las tarjetas, y sin la colaboración necesaria del director del comité de medios», añade el documento, que recoge los argumentos de las acusaciones.
Los tres pusieron en funcionamiento y mantuvieron un sistema corrupto de despatrimonialización de las entidades, al tiempo que fueron beneficiarios de las tarjetas, por lo que se atisba también indicios de apropiación indebida. El sistema, según el auto, era claramente «opaco» al establecer que los destinatarios no tenían que presentar «justificación documental alguna» sobre los gastos efectuados.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y cuatro años y medio para su sucesor al frente de la entidad, Rodrigo Rato, unas penas que Bankia reduce a cuatro y tres años, respectivamente. No obstante, la entidad financiera va más allá que Anticorrupción y les acusa también de administración desleal, al igual que el FROB, que reclama cuatro años y nueve meses de prisión para Blesa y tres años para Rato.
El juez Andreu considera la acusación de la Fiscalía por el uso de las tarjetas opacas, emitidas al margen del circuito establecido, durante el periodo comprendido entre enero de 2003 y mayo de 2012.
En total son 66 los usuarios de las tarjetas a los que se acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida.
