Las líneas rojas

Cuál es la capacidad de obrar de los máximos representantes de cada partido. ¿Se vuelve al anacronismo de tener que validar los pactos negociados mediante acuerdos asamblearios? Es increíble que los líderes políticos elegidos para decidir y dirigir queden convertidos en simples negociadores. Claro, que visto hasta donde son capaces de llegar por conseguir el poder, podría ser beneficioso el refrendo de los militantes, quizá portadores de una mayor sensatez.

Junto a las líneas rojas políticas, entre las que destaca la indeseable comisión del troceado de España, deberían de trazarse las económicas, más numerosas, y tan evidentes, que aproximarían mucho más a los partidos que las ideológicas. Y, mientras los políticos se enredan debatiendo sobre quiénes detentarán el poder, deberían ordenar a sus responsables económicos que avancen en la elaboración y acuerdos sobre las medidas económicas que son inaplazables.

Por ejemplo, si nuestro mayor lastre es el desempleo, ¿por qué no buscan medidas que sean adoptadas por consenso, gobierne quien gobierne? Medidas efectivas, que deberían acabar, primero, con el fraude que supone el trabajo sumergido, y muchas otras para incentivarlo mediante la creación de empresas, el apoyo a su continuidad, el impulso a la investigación, a las políticas de innovación y desarrollo tecnológico, a la implicación de las grandes compañías para ofrecer mayor calidad en los servicios que prestan y a la formación y especialización profesional.

Como la Ley de Financiación Autonómica es el caballo de batalla al que hay que domar para acabar con la discriminación territorial, incluso el distanciamiento ideológico, ¿por qué están esperando desde hace dos años los partidos, en vez de reunirse y diseñar un modelo que equipare las percepciones de todas ellas para atender la sanidad, educación y seguridad autonómica? Y si la corrupción en España es un mantra que carcome los cimientos de la democracia y vacía los recursos públicos, según denuncia el Informe de la ONG Transparencia Internacional, ¿por qué no acabar con los blindajes a los políticos, con el aforamiento, la lentitud de la justicia, los beneficios carcelarios, y la casi imposible recuperación de lo robado? ¿Por qué no se legaliza el fin de las prebendas y, además, por qué no se hace responsable de la devolución del botín, además de a los causantes, a sus partidos políticos, para garantizar que se impliquen en el control interno y retorne al Tesoro Público el dinero al pueblo sustraído?

Y si MasterCard España denuncia que el cuantioso empleo de billetes y monedas al realizar pagos en nuestro país es sospechoso, y encubre fraudes, porque casi el 80% del consumo privado se efectúa con dinero en efectivo, y solo se utilizan las tarjetas de crédito y las transferencias bancarias para el 20%; lo que confirma la indeseable importancia de la economía sumergida y el fraude fiscal, como lo es el descomunal acaparamiento de los billetes de 500 euros, ¿por qué no refuerza, sin excusas ni paliativos, la persecución y condena ejemplar contra quienes, poniéndose al país por montera, incumplen con sus obligaciones legales?

Cuando la población española en riesgo de pobreza o de exclusión social, según Eurostat, ha crecido hasta el 30%, y a casi 14 millones de ciudadanos no les alcanzan sus ingresos para poder sostener una vida digna; cuando la pobreza infantil se ha multiplicado y los ingresos medios por hogar y la renta durante los largos e inacabables años de crisis se han deteriorado para las clases pobre y media, mientras que se ha multiplicado para los más ricos, es evidente que nuestro sistema fiscal es ineficaz y no cumple la función redistributiva; antes bien, pese al dictado constitucional, se mantiene la perversión del «río revuelto, ganancia de pescadores». Así que, ¿no se deberían aliviar las políticas de ajuste a los más damnificados, y embridar ya a aquellos cuya riqueza se ha desbocado en su crecimiento?

Y si la todas la instituciones, incluida la Comisión Europea, en su Informe sobre la Sostenibilidad Fiscal de 2015, han alertado de los riesgos del desmadre de la deuda pública española, triplicada desde el comienzo de la crisis, pese a los muchos ajustes y el bajón de los intereses, y que ya supera el billón de euros, (el 100,8% del PIB), y eleva la vulnerabilidad a medio plazo; es evidente que deberá frenarse su progresión, y eliminar el sobredimensionado gasto de las administraciones que incumplen las exigencias de consolidación. Y en el otro frente, deberían buscarse mayores ingresos públicos, bien de las grandes empresas que se llaman andana, y tan solo contribuyen con el 2% del total recaudado, frente a la contribución ciudadana que aporta el 90% a la recaudación del Estado; bien de la banca, con impuestos sobre las transacciones, o aplicando un impuesto global al capital, porque, como escribe Piketty, no tienen los países que esperar a que haya un gobierno mundial, cosa altamente utópica, para exigir a quienes disfrutan de la abundancia, tan solo unas migajas de solidaridad.

Las líneas rojas de la economía deberían también trazarse, para garantizar que no se aprueben más amnistías fiscales, ni se baje la guardia frente al fraude, al contrario. Ni se reduzcan los impuestos a los más favorecidos, al menos, mientras no se amaine la pobreza, se contraiga la brecha de la desigualdad, las condiciones de vida sean aceptables, acabe la miseria infantil y no haya hogares sin luz o calefacción. Estas y otras muchas líneas rojas debieran instalarse en la agenda de todos los partidos políticos. Entre otras razones, porque, además de ser una cuestión de moralidad, el desarrollo económico que se pretende exige contener la brecha social que representa nuestro nivel de desigualdad social. Muchos dirán que todo esto es como pedir peras al olmo. Seguramente, pero permítanme que aún confíe en los políticos, y una vez que tantos de ellos han mostrado su perversión, lo que quedan, den señales de honradez y cordura.