El Tribunal Supremo despejó ayer el camino para que los inversores minoritarios que compraron acciones de Bankia en su salida a Bolsa en julio de 2011 recuperen su inversión a través de la vía judicial. La Sala de lo Civil de dicho organismo rechazó dos recursos presentados por Bankia contra las sentencias de sendos tribunales de Oviedo y Valencia que asumieron la tesis de que el folleto de la salida a Bolsa de la entidad no reflejaba la verdadera situación económica del banco y lo condenaron a devolver el dinero. En concreto, la Audiencia Provincial de Valencia había avalado lo decidido por el Juzgado número 22 de la capital autonómica al considerar probado que la información reflejada en la oferta pública «resultó incorrecta e inveraz en aspectos relevantes» y dio apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad. El matrimonio demandante recuperó los 20.868 euros invertidos en acciones.

Bankia recurrió porque entendía que dichos tribunales no habían justificado «de forma suficiente y adecuada» la falsedad en el folleto informativo. Sin embargo, el Supremo considera que «hubo error en el consentimiento por parte de los adquirientes debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública», lo que implica corroborar lo que ya determinaron los peritos del Banco de España nombrados por el instructor de la causa en la Audiencia Nacional. En su informe, los inspectores concluyeron que las cuentas de la entidad no reflejaban su situación real y, en consecuencia, que el banco cofundado por Bancaja había engañado a sus futuros accionistas, cuya inversión, en la mayoría de los casos, quedó reducida a cero tras la intervención de Bankia por el Estado en mayo de 2012.

Bankia también había pedido la paralización de las reclamaciones individuales por la vía civil a la espera de ver qué decisión adopta por la vía penal la Audiencia Nacional, ante la eventualidad de que esta considerara que no hubo maquillaje contable. Tampoco ha tenido éxito, dado que el Supremo ha rechazado esa aspiración. Esta decisión del tribunal, que puede ser clave en la resolución de la causa en la Audiencia, implica que, a partir de ahora, todos los afectados por aquella operación -cerca de 350.000 en toda España y decenas de miles en la Comunidad Valenciana- tienen expedito el camino para obtener reparación si presentan demandas judiciales o están a la espera de sentencia. Dado que el citado tribunal sienta jurisprudencia, todo indica que las siguientes resoluciones serán contrarias a los intereses de Bankia.

De momento, el banco tiene presentadas en su contra demandas por un importe de 819,3 millones hasta el pasado 20 de diciembre. El grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri tiene provisionados 1.840 millones para hacer frente a las futuras devoluciones: un 40% corresponde a Bankia y el 60% restante a su matriz BFA, propiedad del Estado. Se trata de la cantidad correspondiente, en líneas generales, con el dinero invertido por los minoritarios, dado que la cantidad restante hasta los 3.000 millones de la salida a Bolsa corresponde a los institucionales, que no tienen derecho a recuperar el dinero invertido.