La actuación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y los tres años y medio que ha tardado en reclamar la deuda que arrastra Coepa por el centro de oficios no es un ejemplo de diligencia, pero tampoco es un delito. Con ese argumento, la Fiscalía Provincial de Valencia acaba de archivar la denuncia que presentó el pasado mes de mayo el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, contra el brazo financiero de la Generalitat, por no haber reclamado la ejecución del crédito, de unos 3 millones de euros. El Ministerio Público, de hecho, justifica al banco del Consell diciendo que la demora en la reclamación de la deuda vino motivada por la búsqueda de soluciones alternativas a la ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria ésta, por otro lado, que finalmente el IVF activó en mayo y que acabaría desembocando en la demanda de embargo formalizada a mitad de octubre por el nuevo Gobierno valenciano salido tras el 24-M.
La Fiscalía, en este sentido, mantiene que la acción hipotecaria no se ha visto perjudicada por el retraso. No sólo eso. En el informe, el Ministerio Público alega que esa demora respondía a una «finalidad legítima»: intentar satisfacer el crédito sin llegar a los tribunales, como ha acabado sucediendo, con la demanda de embargo formalizada por el Ejecutivo autonómico y la posterior petición del preconcurso de acreedores que formalizó poco después la patronal alicantina, con el fin de ganar tiempo. Tampoco aprecia el informe ningún indicio de delito, al menos hoy por hoy, en la venta de la sede del edificio Ruperto Chapí, porque la enajenación estaba avalada por un informe jurídico de la Generalitat y, además, entre otras cuestiones, se establecía como condición que ese inmueble se destinara a formación. Por eso, en estos momentos, el fiscal, en el informe que remite a la fiscal jefe, tampoco cree que el hecho de que el importe de la venta no se haya destinado al pago de la deuda con el IVF constituya infracción alguna. Ahora bien, alerta de que el escenario podría cambiar en el caso de que el banco de la Generalitat finalmente no pueda cobrar lo que se le debe. En ese supuesto, y teniendo en cuenta que el edificio de Ruperto Chapí se adquirió con una subvención de 150 millones de las antiguas pesetas que dio en 1995 el Impiva, al no haberse destinado lo cobrado por la venta al pago del crédito, sí podría tener alguna relevancia «jurídico-penal». Vuelve a reaparecer así la dichosa subvención de Ruperto Chapí, que ya obligó hace dos años a la cúpula de Coepa a reformular sus cuentas y a aplazar la asamblea general porque no había rastro contable alguno de estas ayudas en las cuentas de la patronal alicantina.
Sea como sea, desde Cepyme ayer insistían en que no dan por perdida la batalla y que ahora el próximo paso es esperar a ver si el IVF acaba dando el préstamo de Coepa por perdido en sus cuentas. Será entonces, como ya anunció Cristóbal Navarro en el escrito dirigido al Consell hace apenas unos días, cuando vuelva a mover ficha. No en vano, una vez contabilizadas esas pérdidas por el banco del Consell -si es que así lo hace- la intención de la confederación de pymes es volver a los tribunales, en esta ocasión con una querella en la mano, por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
