Pese a nuestra dejación estamos asombrados ante la realidad. Muchos, se preguntan cómo las minorías electas, resquemadas, independentistas o antisistemas, pueden ser las que determinen quiénes, cuándo, cómo y dónde deben gobernar. Sorprende que quieran y puedan formar parte de los gobiernos quienes confiesan ser enemigos de todo Gobierno. Sorprende desde siempre, que el mundo civilizado dé el mismo valor al voto de los que carecen de formación, de los radicales o anárquicos, que al voto de los demócratas, de los que poseen preparación y mesura. Y que, como si obedeciera la Ley de Murphy, el problema se agrave, y pueda acabar dándoles un valor inconmensurable cuando su apoyo sirva para formar gobierno. Y así, de pronto, pasan del ninguneo preelectoral al agasajo y la reverencia; porque resultan indispensables para aquellos que desean a todo trance detentar el poder.
Cuando la perversidad política llega al punto, como en el caso del catalán Mas, de decir sin rubor, que con sus decisiones han corregido los resultados de las urnas, es el momento de acabar con la perversión del sistema. Aceptando que todos los ciudadanos pagan impuestos desde que nacen hasta que mueren, -al menos el IVA por el consumo-, es evidente que encomiendan a sus gobernantes emplear una buena parte en educar y formar a sus ciudadanos. Así que valorar por igual al sabio que al ignorante, para que decida sobre el destino de sus recursos es ya una gran concesión. Más allá, se entiende la crispación, cuando por juegos de ambición, queda en manos de los más ignotos la potestad para decidir quién debe gobernar.
¿Cómo se comprende que gobiernen quienes pierdan; que todos los partidos sostengan haber ganado; que quienes gobiernan desatiendan las sugerencias y propuestas de los restantes grupos; que se ningunee sistemáticamente a la oposición, cuando, de todos es sabido, que más pronto o más tarde habrán de necesitarse? Se entiende menos aún, que en casos de excepción no se actúe con sentido de Estado, y que el bien común no se imponga sobre el interés de partido.
Nadie entiende el largo silencio sostenido durante cuatro largos años por el Presidente Rajoy, visto lo bien que se expresa desde que comenzó la campaña electoral, ni la capacidad de diálogo que muestra, ni el altruismo que presenta, frente al desdén en el pasado; pero bienvenido sea. Como nadie entiende a Pedro Sánchez, por muy acorralado que esté por su propio partido, por muy altos que sean sus delirios de grandeza, ni los desencuentros en su partido; ni las generosas cesiones para quienes rompen las reglas. La situación de emergencia exige que se unan los defensores del Estado, que defiendan y sostengan los logros alcanzados. Por el contrario, el papel conciliador y artero que Ciudadanos desempeña es tan plausible, como absurda y dañina es la postura de rechazo del PSOE cuando se les brinda integrarse y tanto se juega; como incoherente y absurda es la de Podemos que sigue instalado en la repulsa electoral antes que en la acción parlamentaria.
Consecuencias indeseables
Tantos desencuentros dañan la economía, porque no otra cosa hace la mentira política, el desacuerdo permanente, el victimismo incierto, la apología al separatismo, la manipulación, la desobediencia legal y el egoísmo que agitar la estabilidad política y perjudicar el crecimiento económico. Lo refleja el informe del banco de inversiones Goldman Sachs, que advierte del callejón sin salida surgido de las elecciones generales, y de la cuestión independentista catalana. También los inversores han alertado de que el desgobierno o la parálisis legislativa y ejecutiva ahuyentarán el dinero. Y así se refleja en la caída de la inversión directa extranjera en nuestro país durante los últimos dos meses.
Como hay un cierto retardo en la percepción ciudadana del caos, pese a la incertidumbre política, como si estuviéramos curados de espantos, algunos indicadores económicos, como el del sentimiento económico (ISE) que obtiene la Comisión Europea y que muestra la confianza de los consumidores de la zona euro, se ha situado en diciembre al nivel de 112,4 puntos, casi en la cima alcanzada en marzo de 2001, de 112,8 puntos, lo que muestra que los españoles somos los más optimistas de Europa, y los cuartos del mundo, al confiar en las perspectivas de la industria, servicios, comercio minorista y construcción. Pero el Índice de confianza empresarial, que se acaba de publicar por el INE, ha registrado ya una caída media del 1,3% después de tres años ascendiendo, siendo los empresarios catalanes los más pesimistas respecto al devenir de nuestras empresas.
Las instituciones internacionales no se abstienen en valorar el esfuerzo de nuestra economía por salir de la crisis, ni en aplaudir por los resultados logrados, pero tampoco omiten el daño que la incertidumbre y la inestabilidad pueden causarnos. Por Deutsche Bank, su economista jefe, Rosa Duce, muestra su confianza al apoyarse en el empuje de todos los factores cíclicos que impulsan nuestro crecimiento actuando como viento de cola: apoyo del BCE, petróleo barato, prima de riesgo baja y la recuperación del ladrillo. Y en similar posición se muestra la entidad holandesa ING, aunque advierte del daño que supone la complicada situación política por la incapacidad de formar Gobierno en España y por la crisis catalana.
Si daño causa a la economía la inestabilidad política, no hablemos del enorme perjuicio de la corrupción. Los medios no se sustraen desde hace años de condenarla. Hoy juega un excepcional protagonismo por el juicio Noos, donde la Infanta Cristina y su marido han llevado al borde del K.O. a la casa real, sin que les salve la incomprensible actitud mostrada por el Fiscal Horrach, la Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado. Pero, aun siendo mucho el deterioro proporcionado, nada es comparable con el causado por el deleznable desprecio y daño que ha inferido la Abogada del Estado, Dolores Ripoll, al negar la evidencia de que «Hacienda somos todos».
El acierto publicitario del eslogan tuvo, tiene y tendrá su basamento en una realidad legal y empírica cierta e incontestable: Hacienda sí somos todos, si no ¿por qué le entregamos dinero sin contraprestación directa y personal?, ¿por qué goza del privilegio coactivo, por qué disfruta de prerrogativas y privilegios exactores y de cobranza, y por qué le permitimos la soberanía exactora? ¿Por qué, en fin, se han de aprobar por los representantes del pueblo las leyes, las cuantías, la forma y el destino para nuestro dinero? Es por ello ilícito su dilapidación y su entrega a quienes sin escrúpulos lo aplican a su propio lucro. Así que, aunque les pese a quienes se han convertido en paladines de la Infanta: Hacienda somos todos. Y si hay que distinguir, con estas conductas, se da carta de naturaleza a la réplica: que mucho más lo son quienes pagan sus impuestos, que los defraudadores y los delincuentes que como parásitos se apropian del fruto de su esfuerzo.
