El ex director general de Interior, Pedro Hidalgo, entre los 20 detenidos en la causa contra Castellano

La policía practica varios arrestos y registros en Mutxamel y cinco autonomías derivadas del caso de presuntos favores del exconseller a la empresa Avialsa

14.01.2016 | 00:45
Un helicóptero de Inaer

La Policía ha practicado veinte detenciones y registros en Valencia, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura derivadas de la causa que afecta al exconseller de Gobernación y Justicia y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, por presuntos favores a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en cacerías, y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios. Entre los detenidos está Pedro Hidalgo, ex director general de Interior durante la etapa de Castellano al frente de la Conselleria de Gobernación, según confirman fuentes de la investigación y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el transcurso del mismo ha resultado detenido también un alto cargo de la Generalitat de Cataluña, y ninguno de los apresados ha pasado a disposición judicial.

Contratos con Inaer
El director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, José María Ángel, ha anunciado que se revisarán todos los expedientes contractuales con la UTE 'Inaer Helicópteros Sau'.

Esta empresa abastece a la Generalitat en el servicio de helicópteros y brigadas destinadas a las tareas de extinción de incendios forestales, así como de helicópteros de urgencias sanitarias, de coordinación y emergencias y policial.

A raíz de la operación policial que se está llevando a cabo hoy en distintos operadores de la empresa Inaer en España y la intervención de la sede ubicada en Mutxamel, a través de un comunicado José María Ángel ha informado de que ha instado a los servicios jurídicos y económicos a revisar los expedientes contractuales en vigor con dicha empresa.

"Facilitaremos a los servicios jurídicos económicos competentes de la Generalitat la fiscalización y la revisión de todos los expedientes de las relaciones contractuales con la empresa INAER para verificar su judicialidad", ha señalado.

Asimismo, Ángel ha instado a Inaer en la Comunidad Valenciana a seguir prestando los servicios con absoluta normalidad.

En la actualidad, la Generalitat tiene prorrogado, desde noviembre de 2015 y hasta febrero de 2017, el servicio de helicópteros y brigadas destinados a las tareas de extinción de incendios forestales, coordinación, emergencias y urgencias sanitarias y un helicóptero policial por un importe de 15.692.886 euros.

El contrato, que se ha prorrogado, se formalizó en febrero de 2013 hasta noviembre de 2015 por un valor de 37.790.264 euros.

Amaño de contratos
Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como conseller de Justicia de la Generalitat durante el mandato del PP.

El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

Los registros han sido desarrollados por agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los contratos sospechosos se habrían firmado con la empresa valenciana Avialsa, que ya fue objeto de una investigación por parte de un juzgado de Sagunto.

En Cataluña, los agentes han registrado el edificio de los bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los bomberos en Bellaterra.

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