El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) ha llevado a la Fiscalía los convenios de colaboración formalizados durante la etapa de Máximo Buch como conseller con las empresas Business Innovation SL y Entrepeneuership Ventures Inc, como ayer avanzó este diario. Unos acuerdos en virtud de los cuales se han organizado tres ediciones del «Valencian Global Growth», unos cursos de aceleración de empresas siguiendo el modelo del MIT de Boston para firmas seleccionadas por los propios organizadores y que pagaron sus actividades con préstamos del IVF.
La Abogacía de la Generalitat ha considerado que esta operativa financiera infringe la ley de contratos del sector público, por falta de concurrencia y publicidad en su concesión. Sin embargo, los préstamos concedidos al amparo de ese convenio y firmados ante notario son sagrados. «Su validez no queda afectada por las posibles irregularidades o incluso ilegalidades» de los convenios, apunta el informe de la Abogacía. Así las cosas, se da la paradoja de que la Generalitat va a tener que desembolsar los últimos importes de unos préstamos que sus servicios jurídicos creen ilegales. Concretamente, se trata de unos 300.000 euros de los 4,5 milllones que aproximadamente se formalizaron para 31 empresas a lo largo de las tres ediciones que, primero el IVF y posteriormente el Ivace, concedieron a las empresas seleccionadas.
Los préstamos, de tipo participativo, están diseñados para que el IVF vaya liberando el dinero a medida que la empresa, pymes en su mayoría, afrontan las actividades del programa diseñado por José Vicente Pons, y del líder americano en emprendimiento y referente del MIT Ken Morse. Como deja claro la Abogacía, «no es posible interrumpir los desembolsos pendientes de las operaciones formalizadas en documento público».
Se trata de préstamos con una devolución a largo plazo que implica riesgos para la administración. De hecho, según ha sabido este diario, a 1 de enero de 2016 once de las empresas prestatarias ya han generado al IVF un agujero de 169.701 euros, principalmente de intereses. La cantidad es baja, pero a tenor de las liquidaciones impagadas de esta decena de empresas, previsiblemente crecerá. El IVF tiene enganchados 1.566.997 euros con estas once mercantiles.
Por su parte, el exconseller de Economía, Máximo Buch, se mostró ayer «sorprendido» por las conclusiones que la Abogacía de la Generalitat y señala que no fueron los organizadores los que concedieron los préstamos, sino el IVF, aunque sí reconoce que las propuestas partían de ellos. Aún así recalcó que el informe de los organizadores «no era condición suficiente para obtener el préstamo» y que era el comité de inversiones el que decidía.
