Cepyme no está dispuesto a dar ninguna tregua a Coepa. Por eso, ha vuelto a activar la maquinaria y acaba de presentar otro requerimiento al Consell para evitar por todos los medios que pueda llegar un euro público a la patronal que dirige Moisés Jiménez. En el escrito, el presidente de las pymes, Cristóbal Navarro, exige que se retengan las cantidades que puedan corresponder a Coepa por la Ley de Participación Institucional y, además, que la Abogacía de la Generalitat dé los pasos necesarios ante el juzgado para que se declare el embargo de la parte que ya ha cobrado por este concepto, y que en su momento se utilizó para pagar las nóminas impagadas a los trabajadores. No sólo eso. Solicita que se suspenda la firma de cualquier acuerdo con la patronal autonómica Cierval hasta que las tres provinciales -Coepa, la CEV de Valencia y la CEC de Castellón- acrediten que se ajustan a la legalidad. Por si con ello no fuera bastante, Navarro, además, deja claro de forma muy sutil que, de lo contrario, el Consell podría enfrentarse a una querella por malversación de caudales públicos, como la que ya presentó en mayo, con el Gobierno del PP, contra la anterior cúpula del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
El escrito se dirige a los consellers de Economía, Hacienda y Transparencia; así como a los directores generales del IVF y de la Abogacía de la Generalitat; y al Síndic de Comptes y a la Intervención. En este contexto, de hecho, el dirigente de las pymes recuerda que a finales de diciembre ya presentó otro requerimiento al conseller Rafa Climent en el que sostenía que Coepa no podía recibir fondos de la Ley de Participación Institucional por sus impagos y que, en todo caso, esas aportaciones debían ser para Cepyme, que es quien, en su opinión, ostenta en estos momentos la representatividad empresarial en Alicante. A partir de ahí, pone el acento en que Coepa adeuda 3,9 millones de euros por el préstamo que el banco de la Generalitat dio para el centro de oficios y que el Gobierno valenciano ha tenido que pedir la ejecución vía judicial, y que eso, junto a la petición del preconcurso solicitada por la patronal y los impagos a los trabajadores, llevan a que no se le deba pagar aportación pública alguna por no cumplir los requisitos que marca la ley, según sostiene Cepyme.
