La anulación del acuerdo comercial suscrito por el Gobierno de Marruecos y la Comisión Europea por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) en la parte que afecta al Sáhara Occidental -al opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de ese territorio- vuelve a cuestionar la validez de un pacto agrarioque beneficia sobre todo a los productores de Marruecos de frutas y hortalizas en detrimento del sector primario español, incluido el de la Comunidad Valenciana. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha publicado esa sentencia donde se anula el acuerdo de liberalización comercial agrícola con el reino alauí por incluir los recursos del Sáhara Occidental dentro del mismo. Muchos países no reconocen la soberanía de Marruecos sobre ese territorio y el Frente Polisario había interpuesto una denuncia que deja en el aire un acuerdo comercial con gran repercusión para el campo valenciano.
Pendientes del recurso que plantea el Ejecutivo de Bruselas, la sentencia podría tener un efecto sobre las importaciones comunitarias procedentes del reino alahuita, lo que en principio beneficiaría los intereses del sector de frutas y hortalizas de la Comunidad Valenciana. Desde 2012, el país vecino ha aumentado los envíos de clementinas -cuyo contingente ha aumentado un 35% al pasar de 30.000 toneladas año a 175.000 toneladas- y existe liberalización total para la comercialización de naranjas marroquíes hacia el mercado europeo.
Ramón Mampel, secretario general de La Unió de Llauradors, considera necesario que, «aprovechando la anulación del acuerdo, se reclame una reciprocidad en el cumplimiento de la seguridad alimentaria, la legislación fitosanitaria y las condiciones laborales a los productos procedentes de Marruecos para que nuestros productores puedan competir en igualdad de condiciones, es decir, que se hagan cumplir las mismas normas laborales, sociales o fitosanitarios que las que nos demandan por los productos cultivados en el ámbito de la UE». La Unió exige a las autoridades comunitarias la aplicación con carácter inmediato de la sentencia por la que se anula el acuerdo de libre comercio agrícola entre la Unión Europea y Marruecos.
Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), sostiene que «Bruselas cometió un error político de libro al suscribir un acuerdo de libre comercio con Marruecos que ha perjudicado gravemente los intereses hortofrutícolas valencianos en estas últimas campañas». El acuerdo de libre asociación que en su día aprobó la UE supuso «un duro golpe para los intereses de los citrícolas de la Comunidad Valenciana», según Aguado. Además, quien insta a que «no se vulnere el principio de legalidad».
Pendientes de Bruselas
Más cauto se muestra el presidente de la Federación de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo Arnándis, a la sazón máximo responsable de la sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de España. Considera que la sentencia no pone en tela de juicio el acuerdo con el Reino de Marruecos, sino su aplicación a los productos que vengan del Sáhara Occidental. Según Arnandis, «en primer lugar, hemos visto una reacción muy rápida a la sentencia del Tribunal por parte del Consejo. El mismo día 10 de diciembre se hace una declaración de intenciones, al día siguiente se anuncia que se quiere apelar la sentencia y el día 14 de diciembre el Consejo de Asuntos Generales ratifica de manera formal y por unanimidad esta intención de apelar. La cuestión -según Arnandis- es que este asunto se enmarca en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Marruecos, que trascienden el ámbito de lo meramente comercial y alcanzan los ámbitos de la política migratoria o de la lucha contra el terrorismo».
«Mientras no se alcance una solución para este asunto favorable a nuestros intereses, sería deseable una compensación para nuestros productores, pero en esta ocasión parece poco probable que vaya a haber algún movimiento en ese sentido. En todo caso, son cuestiones que todavía están por resolver y ante las que no se pueden hacer valoraciones más detalladas mientras no tengamos más elementos sobre la mesa», concluye Arnandis.
Desde IGP Cítricos Valencianos también se cuestiona el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de gran parte de los productos cultivados en Marruecos que sí se exige a las europeos. Esta asociación profesional sostiene que lo más importante ante las masivas entradas de frutas y hortalizas en la UE es apostar por la «calidad certificada» y, por tanto, con etiqueta IGP Cítricos Valencianos.
