La Sindicatura de Comptes ha detectado varios «incumplimientos» en las contrataciones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 2014, en la etapa del Gobierno del PP. Los auditores revelan que el ente público troceó en «once contrataciones menores» un servicio de asistencia técnica para la actualización o mejora de los sistemas de certificación electrónica valorado en 180.500 euros (IVA, excluido). Según los técnicos, estos trabajos «deberían haberse sometido a un procedimiento abierto de adjudicación así como a la autorización previa de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda».

Estos trabajos, según los síndicos, están plagados de vulneraciones de la legalidad. Los auditores revelan que el servicio fue troceado en «once contrataciones menores, por importes comprendidos entre 16.000 y 17.950 euros con el mismo proveedor, para la prestación de asistencia tecnológica». «Estos servicios han sido prestados, en nueve casos, por las mismas cuatro personas con periodicidad mensual y, en los otros dos casos, por una persona con periodicidad semestral, en la sede del IVF», explican. Esta actuación, podría «originar contingencias de carácter laboral» para el ente. Pero no es la única salvedad detectada en este servicio. Para poder adjudicar estos contratos menores la administración debe invitar a tres empresas para obtener la mejor oferta. Pero no pasó. Según los auditores, «las tres invitaciones cursadas, en todos los casos a los mismos empresarios, y las propuestas recibidas para cada una de las contrataciones han tenido lugar con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato». Es decir, las peticiones fueron un paripé.

Y para rematar. «Respecto a la ejecución contractual, cabe señalar que las facturas presentadas no incluyen una descripción detallada y pormenorizada de los servicios prestados ni del personal asignado para su desempeño, ni de las horas computables para la cuantificación total de lo facturado», aseguran desde la Sindicatura, que concluye: «la recepción de conformidad del trabajo efectuado por la persona responsable se realiza con anterioridad a la finalización».

Por otra parte, el síndic también alerta de la creación de un puesto de trabajo que podría generar problemas. Según afirman los auditores, el IVF formalizó un contrato de alta dirección para la persona que ocupaba la dirección de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, que se integró en el Instituto Valenciano de Finanzas tras la reducción del sector público. El Consejo General del IVF detectó que ese contrato no se ajustaba a la legalidad y se destituyó a esa persona para crear un puesto en la nueva relación de puestos de trabajo. En lugar de sacar la plaza a concurso, se le da de manera provisional a la misma persona que ocupaba el empleo con un contrato temporal. Finalmente, el síndic detecta irregularidades en cuatro contratos menores para la vigilancia y la limpieza del IVF.