El asociacionismo empresarial alicantino ha vivido este 2015 su particular «annus horribilis» en el que, no sólo se ha agrandado la fractura que ya existía entre las dos mayores patronales de la provincia, Cepyme y Coepa, sino que, además, también ha visto como esta última se veía obligada a solicitar el preconcurso de acreedores, que la sitúa al borde de la desaparición.
Tras la aprobación de la reforma de los estatutos en el último trimestre de 2014, Coepa arrancó el año con un proceso electoral en el que Moisés Jiménez salió reforzado y aprovechó para liquidar de la junta directiva a todas aquellas organizaciones críticas con su gestión. Inmediatamente después inició un proceso para expulsar de la confederación a Cepyme, cuyo presidente, Cristóbal Navarro, se había convertido en los últimos años en el auténtico azote de lo que se conoce como«núcleo duro» de la patronal.
Un destierro que se consumó definitivamente el 30 de junio, en una asamblea en la que ni siquiera se dejó entrar a Navarro.
Lejos de mejorar su situación, como esperaban los máximos responsables de Coepa, la decisión de echar a Cepyme tuvo como consecuencia un distanciamiento del nuevo Consell, que no vio con buenos ojos esta falta de una interlocución única con el empresariado alicantino, un hecho del que Cristóbal Navarro supo sacar partido.
Las más que frías relaciones iniciales entre Coepa y los nuevos responsables de la Generalitat se produjeron, además, en el peor momento, cuando la patronal más necesitaba del entendimiento con el Ejecutivo autonómico. Tras años de recortes de personal y de ajustarse el cinturón -que llevó a la organización, incluso, a vender su sede-, los empresarios no lograron encontrar una solución para la deuda de casi cuatro millones de euros que tenían con el Instituto Valenciana de Finanzas por el crédito que les concedió para la construcción de su centro de oficios. Unas instalaciones que nunca han llegado a funcionar a pleno rendimiento y que, para más inri, se levanta sobre una parcela municipal y fue construido con ayudas europeas, que ahora Bruselas podría reclamar.
El último episodio de esta particular crisis se desató cuando el Consell, ante la posibilidad de incurrir en algún tipo de ilegalidad si seguía alargando los plazos, decidió solicitar la ejecución del préstamo y el embargo de los bienes y las rentas de Coepa, lo que obligo a ésta a acogerse al preconcurso de acreedores. Esta figura que le permite mantenerse a salvo durante cuatro meses, en los que debe encontrar una solución definitiva para su situación.
Ésta podría llegar a través de la dación en pago del centro de oficios al Consell que, a su vez, cedería el inmueble a Bankia para crear un centro de formación profesional dual, pero todavía son muchos los flecos pendientes hasta llegar a este acuerdo. Es la tarea con la que arranca el año la comisión responsable de las negociaciones, en la que se ha puesto al frente al presidente de la Empresa Familiar, Francisco Gómez.
