Un alicantino ha presentado la primera demanda individual contra la empresa automovilística Volkswagen tras el fraude en los detectores de gases. El demandante reclama la devolución del vehículo y su sustitución por otro de idénticas características ya matriculado y sin gasto alguno en un plazo de tres meses; o bien la total devolución del dinero pagado por el vehículo más indemnización por los daños y perjuicios. La demanda judicial, que va dirigida contra Volkswagen y contra el concesionario de vehículos que realizó la venta, se presentó el miércoles en el decanato del Palacio de Justicia de Benalúa y ahora deberá repartirse entre uno de los trece juzgados de Primera Instancia del partido judicial.

El perjudicado, que prefiere guardar el anonimato y está representado por el letrado Miguel Rodríguez Ladrón de Guevara del despacho Guevara Abogados, adquirió un Volkswagen Sharan por 36.162 euros hace once meses. El vehículo no se encontraba en stock puesto que tenía una serie de características que motivaron que se tuviera que encargar a la fábrica, por los que tuvo que esperar hasta cinco meses para la entrega. Se trata de un coche familiar de siete plazas que está totalmente nuevo, con muy pocos kilómetros y del que ni siquiera ha empezado el periodo de revisiones.

Según relata la demanda presentada en el juzgado, a raíz del estallido del escándalo por la manipulación de los motores diésel, el usuario comprobó a comienzos del pasado mes de octubre en la web oficial de la empresa automovilística que su coche estaba afectado por el trucaje y el falseamiento de sus emisiones contaminantes. Al ponerse en contacto con el concesionario notificándoles su deseo de devolver el vehículo adquirido al no corresponderse con lo comprado y su sustitución por otro, con la garantía de que el motor no esté trucado. Sin embargo, la única respuesta que recibió fue que estaban estudiando el caso y no se le planteaba alternativa alguna. Motivo por el que acabó acudiendo a la vía judicial.

Aunque otros despachos han anunciado la presentación de demandas colectivas contra el gigante automovilístico, el abogado Miguel Rodríguez Ladrón de Guevara reclamó precaución ante este tipo de procedimientos porque se corre el riesgo de obtener una resolución única para todos los afectados, a pesar de que cada caso puede ser diferente. «Ni todos los coches tienen la misma antigüedad, ni todos los perjudicados buscan lo mismo», recalcó e incidió en que éste se trata de un caso que jurídicamente no tiene ninguna complejidad, ya que la propia empresa ha reconocido la manipulación de los dispositivos.

En la demanda, se aporta el informe de un ingeniero técnico industrial que examinó el vehículo y comprobó su funcionamiento. El estudio concluye que la simple retirada del componente que engaña a los sistemas de medición de emisiones contaminantes no es la solución, «pues ésta pasa por reconfigurar el propio motor para adaptarlo a las normas europeas de control de emisiones contaminantes y, al hacerlo, éste perderá potencia y aumentará el consumo, por lo que el vehículo ya no tendrá las prestaciones adquiridas y comprometidas en el momento de su compra».

El letrado incidió en que su cliente adquirió ese tipo de vehículo porque era una persona concienciada con el medioambiente y se adaptaba a sus necesidades familiares. «No es alguien que esté buscando un beneficio económico sino que realmente quería el coche», recalcó. Por este motivo, la reclamación pide el cambio por otro vehículo igual al adquirido en su día, con la garantía de que no esté manipulado también.

En el caso de que los demandados no cumplieran con el cambio, se entendería que procede la resolución del contrato por incumplimiento grave del vendedor, «al entregar un objeto totalmente distinto del pactado en el contrato», devolviendo el importe de lo cobrado, así como una indemnización por daños morales «derivados del engaño el hecho de comprar un objeto que creía limpio en términos de sostenibilidad ecológica y que ha resultado altamente contaminante» y perjuicios, derivados de la necesidad de compra de otro vehículo familiar.