El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu propone juzgar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y a su sucesor Rodrigo Rato junto con otros 64 directivos que utilizaron las polémicas tarjetas opacas, una vez concluida la fase de instrucción.
En el auto, difundido ayer, el magistrado considera que los hechos investigados podrían constituir un delito de administración desleal por parte de los exmiembros del consejo de administración, mientras que el resto de imputados se enfrenta a una acusación de apropiación indebida.
Según Andreu, «existen indicios fundados de criminalidad contra los integrantes del consejo, de la comisión de control y ejecutivos de Caja Madrid y Bankia», que recibieron de estas entidades unas tarjetas de crédito emitidas para gastos personales sin contrato.
Una vez finalizada la fase de instrucción, la Fiscalía y las acusaciones deberán formular el escrito de acusación solicitando el juicio oral o sobreseimiento de la causa en un plazo de diez días.
Pero el juez ya advierte en su auto de que dichas tarjetas, emitidas fuera del circuito ordinario, «no tenían como finalidad los gastos de representación o profesionales». Por ese motivo, considera que las cantidades gastadas «deberían ser tratadas como retribuciones irregulares» al no tener soporte contractual ni ser declaradas a la Hacienda pública.
El texto también recuerda los alegatos de los directivos investigados, quienes consideran que estas tarjetas «constituían una parte de sus retribuciones fijas» y que les fueron entregadas por el exdirector general de Caja Madrid y «mano derecha» de Blesa Ildefonso Sánchez Barcoj.
La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia que las utilizaron para gastar 15,25 millones de euros en 13 años.
