La Audiencia Nacional vuelve a exculpar a López Abad y Avilés por las dietas de la CAM

El tribunal que juzgó el primer proceso por la gestión de la caja reitera la desvinculación del director general de la creación del órgano con el que se aumentaron los pagos a los consejeros

24.12.2015 | 00:54

Mantiene que el presidente de la comisión de control no intervino en decisiones que le beneficiaron.

El tribunal de la Audiencia Nacional que a principios de este año juzgó el primer proceso por la gestión de la CAM, y al que el Tribunal Supremo obligó hace menos de un mes a que repitiera la sentencia absolutoria que había dictado por no haber tenido en cuenta a las acusaciones particulares, ha vuelto a exculpar al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés de los delitos de administración desleal y apropiación indebida de los que estaban acusados.

En una resolución fechada ayer contra la que cabe recurso ante el Supremo la sala, presidida por la magistrada Teresa Palacios, reitera la desvinculación de López Abad de la creación de la comisión de control de una participada a través de la que se pagó a sus miembros, los mismos consejeros que los de la caja, emolumentos superiores a los que estaban permitidos en la entidad de ahorros. Una decisión que el tribunal mantiene que tomó el entonces presidente de la CAM, el fallecido Vicente Sala, y que aprobó el consejo de administración, donde López Abad no tenía voto.

Idéntico planteamiento utiliza el tribunal para exculpar de estos hechos a Avilés, quien gracias a la citada comisión vio aumentados significativamente sus ingresos como presidente de la misma. Ninguna partipación tuvo en su creación, afirman los magistrados. Y añaden que con independencia de que las decisiones de idear este órgano «sean aceptables o cuestionables, en todo caso escapan a los favorecidos por las mismas, siendo exclusivamente estos últimos (en alusión a Avilés y a los consejeros, considerados partícipes a títulos lucrativo, además de a López Abad) a los que se trae al proceso (...) dejando al margen a los que en la administración de la entidades implicadas, CAM o la participada TIP, adoptaron los acuerdos en torno a la creación de la referida comisión de control y sobre las dietas a percibir en su seno», que sumaron cerca de dos millones.

Trato de favor
Tampoco cree el tribunal de la sección cuarta que el presidente de la comisión de control de la caja recibiera trato de favor en la concesión de préstamos en atención a su cargo. Frente al contundente testimonio del inspector del Banco de España, quien habló de «conductas contrarias a la praxis bancaria» y cifró en cinco millones el quebranto económico causado por estas operaciones crediticias, la sala se apoya en declaraciones de exdirectivos de la caja que dieron luz verde a estos préstamos para concluir que Avilés fue tratado como un cliente más al que alguno de ellos ni tan siquiera conocía. Y por supuesto que de presiones, nada de nada.

Vuelven aquí los magistrados a apuntar a los órganos de gobierno de la entidad, que a la postre fueron los que dieron el plácet a los préstamos concedidos a Avilés, pero no entran, aunque sí se recogen en la resolución, en las declaraciones de los miembros del consejo de administración, quienes mayoritariamente coincidieron en afirmar que carecían de información sobre estas operaciones y que llegaban al consejo con todos los parabienes para ser aprobadas.

Sobre el hecho de que Avilés participara en las reuniones de la comisión de control en las que se informaban sus créditos, uno de los puntos en los que más celo pusieron las acusaciones particulares para apuntalar su acusación de administración desleal, mantiene el tribunal que tal proceder «puede representar el incumplimiento de los deberes del cargo, sin otra connotación, cuando además no se dispone de más datos relativos a si caso de que se hubiera abstenido el acusado no se hubiera prestado igualmente por los asistentes a la reunión de la comisión de control la plena conformidad a los acuerdos del consejo de administración».

Los magistrados no ven delito tampoco en la venta por parte de Avilés a su hermana de una sociedad, una operación que las acusaciones consideran que se simuló para ocultar la situación de morosidad en la que se encontraba y que le hubiera obligado a dejar su cargo en la comisión de control. El tribunal dice no entender cómo, pese a los correos que se cruzaron entre directivos de la CAM sobre esta operación nada hiciera al respecto la entidad que, recalca, «no parece que se viera afectada por la dicha venta de participaciones».

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