La administradora concursal de Olga Urbana, la promotora del mayor rascacielos residencial de España, el In Tempo de Benidorm, acumulaba hasta el pasado mes de agosto unos honorarios de más de 629.000 euros por su gestión al frente de la compañía desde finales del pasado año, según la relación de gastos a la que ha tenido acceso este diario. Una cantidad de la que, eso sí, la también abogada Antonia Magdaleno todavía no ha recibido ni un euro debido a la falta de tesorería de la mercantil. Es más, según explican desde su bufete, las opciones de cobrar son escasas ya que la mayoría de los bienes de la firma están hipotecados, por lo difícilmente quedará algún remanente tras su venta para afrontar otros gastos.
La remuneración de los administradores, que con frecuencia ha sido objeto de polémica por su elevada cuantía, está fijada por la Ley Concursal y el real decreto1860/2004, que establece unas tarifas fijas para lo que se conoce como «fase común» del concurso en función del volumen de activos y de pasivos que tenga la compañía. Esto es, de los bienes y las deudas que acumule la mercantil.
Posteriormente, si la firma pasa a liquidación, el administrador recibirá el equivalente al 10% de la citada tarifa cada mes durante los siguientes seis meses, cantidad que se rebaja al 5% si se prolonga por seis meses más. En el caso del concurso del In Tempo y en base a esta normativa, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante fijó en 524.438 euros el arancel por la fase común, que finalizó en junio pasado. Desde entonces, la relación de gastos ya incluye otros 52.443 euros por los honorarios del mes de julio, y otra cantidad similar por los del mes de agosto. En total, más de 629.000 euros, que habrán continuado aumentando con las siguientes mensualidades, aunque la documentación en poder de este diario todavía no lo recoge.
Prioridad en el cobro
Además, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, los pagos a los administradores forman parte de lo que se conoce como créditos contra la masa, esto es, los gastos que se generan desde el momento en que se declara el concurso y que tienen prioridad a la hora del cobro. Eso sí, siempre que haya dinero. Por eso, desde el bufete de Magdaleno aseguran que «será muy difícil» que puedan cobrar algo por su trabajo. Algo que no es infrecuente que ocurra en los concursos de acreedores, hasta el punto de que el Gobierno ha aprobado la creación de un fondo de garantía para estos casos, que todavía no está en funcionamiento.
En el caso de Olga Urbana, que acaba de entrar en fase de liquidación, el problema reside en que no hay tesorería y en que los mayores bienes que tiene la promotora -el edificio In Tempo y el edificio Edimar IX- están hipotecados por la Sareb y el Sabadell, lo que significa que el resto de acreedores no recibirán nada mientras no se salde esta deuda. Para ello, el comprador debería desembolsar más de 100 millones por el rascacielos, algo muy improbable en estos momentos.
Sin embargo, algunos acreedores, como la firma Kono Estructuras, llaman la atención sobre el hecho de que la administradora ha catalogado como activo aparte el proyecto de obra del edificio y lo ha valorado en unos 400.000 euros. Si se vendiera por separado éste dinero sí se podría destinar a pagar los créditos contra la masa aunque desde el bufete de Magdaleno señalan que es difícil saber si se podrá vender.
