Los grandes constructores de obra pública de Alicante dejaron ayer muy claro a la consellera María José Salvador que el sector ya no aguanta más en la actual situación, que la falta de inversiones de los últimos años se ha llevado por delante casi la mitad de las empresas del ramo y que muchas están haciendo auténticos equilibrios para evitar nuevos recortes de personal. Por eso le instaron a buscar fondos para nuevos proyectos de infraestructuras en Madridbuscar fondos , donde se mostraron dispuestos a cerrar filas con la Generalitat en su reivindicación de un nuevo modelo de financiación autonómica; pero también en Europa, donde la revisión del programa 2014-2020 de los fondos Feder y el Plan Juncker ofrecen nuevas posibilidades y donde también están dispuestos a acompañar al Gobierno valenciano en su periplo para conseguir más dinero.
Salvador asistió ayer a un almuerzo de trabajo con la junta directiva de la Federación de Obra Pública de Alicante (FOPA) en el hotel Meliá de la capital, donde tuvo que escuchar las quejas de los empresarios por la falta de fondos para infraestructuras en los próximos presupuestos autonómicos, que sólo recogen 180 millones de euros para pagar obras ya ejecutadas por el anterior Consell, para rehabilitación -la gran apuesta de la nueva Generalitat- y una mínima parte para conservación de carreteras.
A pesar de los lamentos, la consellera fue muy clara sobre la imposibilidad de acometer nuevos proyectos en la situación actual, tanto dentro de la reunión, como a la salida, cuando fue preguntada por los medios. «Las inversiones en nuevas infraestructuras se aparcan hasta que mejore la financiación por parte del Gobierno de España a esta comunidad», señaló, apuntando que la falta de presupuesto no será algo excepcional de 2016, sino que se mantendrá mientras no lleguen más ingresos.
Ante la evidencia, los empresarios no pudieron más que darle la razón a Salvador y se ofrecieron a hacer «causa común» en la batalla por una mejor financiación autonómica y también en un reparto más justo de las inversiones del Ministerio de Fomento, que en estos momentos brillan por su ausencia, como se encargó de recalcar el presidente de FOPA, Javier Verdú. «Durante el año 2014, Fomento no licitó ni una sola obra nueva en la provincia y hay muchas cosas que se podrían hacer», apuntó Verdú, que citó a modo de ejemplo la variante de Benissa de la N-332; el tercer carril de la A-7 entre Crevillent y Elche o la duplicación de la calzada en los accesos al aeropuerto. «Somos el 11% de la población y queremos un inversión proporcional», apuntó también la consellera.
Sin embargo, este apoyo a las reivindicaciones de la Generalitat no fue óbice para que los constructores le instaran a buscar también otras vías para invertir, entre ellas el recurso a los fondos europeos, algo que ya tiene previsto el Consell para conseguir más dinero para rehabilitación y regeneración urbana.
Los empresarios no desprecian en absoluto esta actividad, que puede suponer un alivio ante la actual falta de proyectos, como señaló el presidente de FOPA, pero en ningún caso quieren que sustituya a la inversión en nuevas infraestructuras. Por eso también le reclamaron que se esfuerce en traer fondos de Bruselas para nuevos proyectos de obra pública, para lo que también le brindaron su colaboración.
Reconocimiento a la Diputación
Llamó la atención que Javier Verdú no tuvo inconveniente en alabar la gestión que está realizando la Diputación en materia de obras públicas delante de la Consellera, quizás para espolearla. «Viene haciéndolo muy bien y con unos planes de inversión esperanzadores», destacó sobre el esfuerzo inversor que ha aprobado la institución provincial. En la misma línea, reclamó que la Generalitat siga esta misma senda «en cuanto disponga de fondos». Verdú recordó que las 60 compañías asociadas a FOPA -las mayores del sector en Alicante- dan empleo a unas 11.000 personas.
Por otro lado, los constructores también expresaron sus quejas por el hecho de que el Consell pretenda adjudicar algunas obras por subasta -en la que sólo se tiene en cuenta el precio- en lugar de hacerlo por concurso, como hasta ahora. Una cambio que los empresarios consideran una temeridad.
