La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado acciones legales contra los principales fabricantes de teléfonos móviles después de detectar en pruebas de laboratorio que la capacidad de almacenamiento interno disponible «dista mucho»de la anunciada. La organización asegura que con esta decisión busca que los fabricantes informen sobre la «capacidad real de memoria de los teléfonos».

Además, también ha pedido que se permita el borrado de aplicaciones de los teléfonos ya vendidos y, si no es posible, se obtenga una compensación por los gigas de memoria perdidos. Según las pruebas realizadas, en los dispositivos de hasta ocho gigas la pérdida de memoria alcanza el 78%, «lo que hace inservible al teléfono al poco tiempo».