La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha abierto una inspección a la firma de helicópteros Inaer, con sede en Mutxamel, por presuntamente haber obligado a los mecánicos a volar en las peligrosas operaciones de extinción de incendios, según reveló ayer la Confederación de Sindicatos Profesionales Aéreos (CSPA) y el Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos (SLTA). La firma alicantina, que tiene contratos en todo el mundo y es propiedad del grupo Babcock Internacional, finalizó el pasado 30 de noviembre su contrato con la Generalitat para la lucha contra incendios y por él facturó 37 millones de euros entre el 1 de marzo de 2013 y el pasado mes.

Según ambos sindicatos, la inspección se inició después de que la responsable de seguridad de la empresa Inaer hiciera públicas estas prácticas en las V Jornadas Técnicas de Helicópteros y Seguridad Operacional, donde habrían estado presentes representantes de la AESA. La entidad estatal de seguridad inició las pesquisas y solicitó la documentación por un presunto incumplimiento de la normativa de seguridad en materia de tripulaciones y regulada por el Real Decreto 750/2014, según las mismas fuentes. Este periódico se puso en contacto con Inaer, que no quiso dar su versión de los hechos.

Según el CSPA y SLTA, esta actuación de Inaer es «un grave atentado contra la seguridad aérea». «Los mecánicos de la flota Kamov de la compañía fueron obligados a volar durante las operaciones de lucha contra incendios forestales a pesar de contravenir la normativa vigente y con el riesgo que supone», argumentaron.

Los sindicatos también denunciaron que tras haber revelado las actuaciones de su empresa, la jefa de seguridad de Inaer ha sido despedida. «Se trata de un ataque a la seguridad en vuelo y una amenaza intolerable a todos y cada uno de los profesionales que trabajan con el único interés de generar un entorno operativo más seguro», criticaron.

Obligación de informar

Según los sindicatos, los responsables de seguridad de las empresas «tienen la obligación de alertar a las empresas de cualquier anomalía y, si procede, informar a las autoridades sobre cualquier hecho irregular». «Lo punible no es denunciar, sino callar», sentenciaron, al tiempo que pidieron el reingreso de la trabajadora en la mayor brevedad.

La firma, una de las más importantes del mundo en su sector, ha surtido de helicópteros antiincendios a la Generalitat desde hace años. En el último contrato, cedió una flota de 12 helicópteros y 50 profesionales, además de las brigadas helitransportadas que forman parte del dispositivo de extinción. Su grupo empresarial factura decenas de millones de euros en todo el mundo.