El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles por unanimidad una iniciativa, surgida por una proposición no de ley del PSPV y de enmiendas del PP, Compromís y Podemos y consensuada por todos los grupos, en la que se insta al Consell a establecer mecanismos que faciliten a las pymes, los autónomos y las cooperativas el acceso a determinados contratos de la administración en igualdad de condiciones respecto al resto de empresas, informa Europa Press.
Para lograr este objetivo, el Parlamento valenciano pide a la Generalitat adaptar la facturación mínima exigida a las empresas participantes al montante del contrato en cuestión o simplificar el procedimiento de obtención de certificado de estar al corriente de deudas tributarias con la Generalitat, requisito obligatorio para los licitantes públicos. Las Cortes también instan al Consell a reducir el período de pago a los proveedores públicos. Asimismo, reclaman pedir a la empresa adjudicataria que identifique a las mercantiles que participan como subcontratistas o tener en cuenta en las valoraciones de las ofertas, además del precio ofertado, la fiabilidad y experiencia de las empresas, así como sus currículos innovadores o investigador.
Además, y en virtud de la enmienda del PP que se ha aprobado, también se insta al Gobierno a que proceda, con la mayor brevedad posible, a la trasposición de la directiva de la Unión Europea a la normativa de contratación pública para facilitar el acceso a la contratación pública de las pymes. Del mismo modo, se ha aceptado la enmienda de Compromís, de modo que las medidas también se aplicarán para las cooperativas, así como la de Podemos, por la que se pide al Consell que establezca mecanismos legales que impidan contratar con empresas condenadas y dificultar la contratación con mercantiles y personas sometidas a investigaciones penales y sobre las que se haya acordado la apertura de juicio oral.
La diputada socialista Noelia Hernández ha destacado que con las medidas propuestas se busca "dar solución a una reclamación de las pymes y autónomos" y ha advertido de que el número de contratos públicos que se adjudican a las pequeñas empresas en la Comunidad es "mínimo". Asimismo, Hernández ha resaltado que las compras públicas pueden funcionar como "un instrumento para fomentar la actividad económica". Por su parte, el parlamentario del PP Alfredo Castelló ha destacado las "grandes reformas" impulsadas por el Gobierno central esta legislatura, como la relativa a la modificación del reglamento general de contratos de la administraciones públicas que supone "un mejor acceso a las pymes y a los emprendedores a la contratación pública". Desde Compromís, Jordi Juan ha subrayado que "un contrato público para una pyme, un autónomo o una cooperativa puede suponer acabar el año con saldo negativo a tener saldo positivo" y, en este sentido, considera que "es más que necesario que la administración tome medidas para garantizar la igualdad de oportunidades". Juan también ha avanzado que Compromís impulsará una ley valenciana de contratación.
Asimismo, el diputado de Ciudadanos, David de Miguel, ha defendido que "las administraciones no deben suponer un obstáculo para las empresas", sino que "deben contribuir, con la menor intervención posible, al cambio del modelo producto, la innovación y la eficiencia de las empresas". Respecto a Podemos, David Torres ha abogado por poner en marcha "elementos que penalicen las malas prácticas".
