Coca-Cola Iberian Partners compensará a los antiguos trabajadores de su planta en Alicante por vulnerar su derecho de huelga durante las protestas que protagonizaron contra el ERE que supuso el cierre de la factoría. La embotelladora española del popular refresco alcanzó ayer un acuerdo con los representantes de la plantilla para evitar el juicio que se iba a celebrar en el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, tras la denuncia presentada en su día por FITAG-UGT por las prácticas de esquirolaje detectadas durante la huelga. Unas irregularidades que ya le costaron a la compañía la apertura de un expediente sancionador por parte de la Inspección de Trabajo y que también fueron el principal argumento que llevaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a declarar nulo el ERE.
La denuncia de FITAG-UGT se refería, en concreto, al hecho de la que compañía se dedicó a traer mercancía desde otras provincias para compensar la producción que dejó de salir de la planta alicantina durante el mes que los trabajadores estuvieron parados. Una práctica que evitó que sus clientes quedaran desabastecidos y que minimizó el impacto de la huelga. Tanto la Inspección, como la Audiencia Nacional ya señalaron que este comportamiento era equivalente a sustituir a los trabajadores en huelga, lo que es ilegal y, al parecer, la embotelladora ha preferido no volver a arriesgarse.
Por eso ayer, sólo unos minutos antes de que se iniciara el juicio, solicitó un acto de conciliación y aceptó compensar a los 131 empleados que tenía la fábrica y que secundaron las protestas de forma unánime. En concreto, la Coca-Cola Iberian Partners les devolverá el sueldo que se les descontó por el tiempo que estuvieron parados y también se les abonará la parte proporcional de la paga extra.
En total, algo más de 300.000 euros que la firma deberá abonar antes del próximo 31 de diciembre, de acuerdo con las condiciones pactadas, según explicó a este diario el secretario general de FITAG-UGT, Joaquín Gil, quien no ocultaba su satisfacción por lo que consideran una nueva victoria moral. «Este acuerdo supone reconocer que se vulneraron los derechos de los trabajadores y que, por muy grande que sea una empresa, no se puede salir con la suya a cualquier precio», insistió Gil.
Por su parte, desde la compañía señalaron que ya se había llegado a un acuerdo sobre esta cuestión para todas las plantas de España ante la Audiencia Nacional y que, ayer, simplemente, se dio traslado del mismo a la situación concreta en Alicante. Además, destacaron que han prestado su «máxima colaboración» en el proceso.
Fábrica cerrada
En cualquier caso, a pesar de que la Justicia les ha dado la razón, lo que no han conseguido los trabajadores es que la embotelladora reabra la planta de Alicante, que ya está completamente desmantelada, por lo que está opción ya no sería viable. Ahora la plantilla está pendiente de una nueva resolución del Supremo para ver si, al menos, consiguen que la compañía deba recolocar de nuevo en la provincia a los trabajadores que trasladó a la planta de Quart de Poblet. Para ello tendría que reforzar su departamento comercial y de distribución en Alicante.
