Un guiño a las entidades bancarias que tengan en cuenta la realidad social de las familias y no efectúen desahucios. Es los bancos cuya trayectoria «más humana» en materia de vivienda y de hipotecas es a los que la Generalitat Valenciana va a poner en su lista en primera lugar a la hora de contratar con entidades bancarias.

El pleno de las Cortes Valencianas aprobó ayer por unanimidad una moción, presentada por Podemos y consensuada por todos los grupos, en la que se insta al Consell a valorar en la contratación pública a aquellas entidades financieras que respeten la propuesta de moratoria de desahucios lanzada en el marco de la Mesa para la Prevención de Desahucios.

Además, el Consell hará públicos en el Portal de Transparencia los nombres de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana, junto con su postura ante la propuesta de moratoria de desahucios y su trayectoria «en cuestiones de vivienda e hipotecas».

La iniciativa plantea que en aquellos contratos con entidades financieras que no requieran tener en cuenta las garantías de publicidad y concurrencia se establezcan preferentemente con aquellas que respeten esa propuesta de moratoria en los desahucios y que den «un tratamiento más respetuoso a las personas en relación a la vivienda».

Asimismo, en aquellos que sí requieran de publicidad y concurrencia, instan a que se establezcan «prioritariamente» con entidades que respeten esa propuesta «añadiendo cláusulas sociales que valoren este posicionamiento».

La moción insta al Consell a que incorpore las recomendaciones europeas sobre contratación pública para incluir cláusulas sociales que valoren positivamente la contratación con entidades financieras que se comprometan a asumir medidas para combatir los desahucios.

También propone la moción que se publiquen en el Portal de Transparencia los nombres de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad y el posicionamiento de cada una de ellas ante la moratoria, así como su trayectoria en cuestiones de vivienda e hipotecas.

6.000 viviendas de bajo alquiler

Por último, pide que inste al Gobierno a impulsar de manera efectiva el Fondo Social de Viviendas para familias con dificultades, suscrito en 2013 entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el tercer sector bajo la tutela del Ejecutivo central, que pretendía dotarse de 6.000 casas en toda España y facilitar el acceso al alquiler a bajo precio a estas familias y que la Generalitat «asuma un compromiso concreto y efectivo en este asunto inmediatamente».

Los portavoces de los cinco grupos parlamentarios han destacado el consenso alcanzado y han considerado que el texto aprobado supone «un paso más en el camino para erradicar el drama de los desahucios», así como hablar «en serio» de compromisos y cambios.