La grave crisis económica de la patronal alicantina Coepa empieza a despejarse. El Consell salvará a la organización empresarial aunque cumpliendo con su «línea roja»: no pondrá ni un euro de dinero público para salvar a la entidad. La Generalitat, de acuerdo con las fuentes consultadas, prepara una operación para quedarse con el emblemático centro de oficios ubicado en el barrio de Babel como dación en pago de la deuda de casi cuatro millones de euros, entre amortización e intereses, por el impago del préstamo que, en su día, le concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la construcción de las instalaciones, que el Ejecutivo autonómico cedería a su vez a Bankia para realizar formación. Ahora bien, esa «ayuda» no le puede salir gratis a Coepa. El Consell también tiene claro, como explicitó Ximo Puig durante su visita de ayer a Alicante, que los directivos «deben asumir su responsabilidad» por el desmadre en la gestión de la entidad. En plata: el actual presidente de Coepa, Moisés Jiménez, y su junta se tienen que marchar de forma inmediata.
La maniobra se viene gestando de forma discreta en los últimos días después de que se pusieran en marcha otras alternativas como, por ejemplo, la posibilidad de que los propios asociados de Coepa pusieran el dinero con una derrama para intentar saldar la deuda, una opción que avalaban la patronal autonómica e, incluso, el propio Consell pero de la que los empresarios no querían ni hablar. Todos los movimientos de fichas se han precipitado desde que Coepa se acogiera la semana pasada al preconcurso de acreedores al ejecutar el anterior Consell -dirigido por el PP- las garantías por el impago de las cuotas del préstamo que se le concedió para la construcción del citado inmueble en Alicante. El «agujero» total que arrastra la patronal alicantina, como ya avanzó este periódico, alcanza los seis millones de euros, alrededor de mil millones de las antiguas pesetas.
Una vez formalizada la operación que supondrá sacar del atolladero económico a Coepa, la primera opción que tiene encima de su mesa la Generalitat es la de ceder las instalaciones del centro de oficios a Bankia para que las dedique a formación. El inmueble debe tener, de forma obligatoria, ese destino porque, de lo contrario, se tendrían que retornar a la Unión Europea las ayudas que llegaron para poder finalizar las obras del complejo. El Consell también tiene previsto, como apuntaron fuentes de Presidencia, abrir una vía de diálogo con el Ayuntamiento de Alicante en tanto que el consistorio es el propietario del suelo.
En un encuentro con periodistas en la capital alicantina, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apostó por buscar «vías de salida» a la situación de Coepa. «No habrá dinero público para salvar ninguna organización. Para salvar, en esos términos. Pero, sin embargo, efectivamente, se pueden encontrar soluciones», apuntó. «Estamos en disposición de ayudar dentro de los límites legales y del interés general», señaló el jefe del Consell. La salida que se ha encontrado encaja con esas premisas: la dación en pago evita que se tenga que poner dinero público y la cesión a un operador privado permite, a su vez, que se mantenga la política de formación, el destino inicial del inmueble.
¿El futuro de Coepa? La Generalitat lo dejará en manos de los empresarios, vino a decir Puig que, no obstante, se mostró partidario de la continuidad de la patronal. «Es muy necesario que haya una organización potente. Hay muchísimos empresarios de una gran calidad. De los mejores de España, y por tanto, tenemos que hacer que haya espacios de confluencia», explicó para remachar: «Cuanta más sociedad civil organizada y potente, mejor para una comunidad». Ahora bien esa organización no puede estar liderada ni por Moisés Jiménez ni por los miembros de su equipo directivo. «Cada uno -zanjó Puig en referencia a los gestores de Coepa- debe asumir su responsabilidad porque los ciudadanos así lo demandan».
